Rentabilizar el dolor es una de las estrategias más innobles de la política. También una de las más antiguas, porque, con el permiso de influencers de nuevo cuño, está todo inventado. Hay casos que se quedan más atrás y otros más recientes que, aunque sólo sea por la cercanía temporal, aún permanecen imborrables para una frágil memoria colectiva que olvida rápido. El 11M fue el capítulo más vomitivo de esas maniobras de los partidos para sacar un rédito en las urnas que, sin una tragedia de ese tamaño, jamás habrían logrado. Incluso lo consiguieron, que es lo grave. Nunca antes se había pervertido tanto en una democracia algo tan sagrado como son unas elecciones.
Ahora toca rentabilizar la DANA y los que tienen más experiencia en estas lides van a ganar por goleada. Poco importa la desastrosa gestión de todas las administraciones: nacional, autonómica y local. El relato vencedor sólo señala a la Generalitat Valenciana, a la que la maquinaria de marketing de Moncloa ha conseguido situar como responsable único. Los muertos hace semanas -demasiadas- que quedaron en un plano muy secundario. Y la reconstrucción es un escenario que no lo están fiando a la inmediatez que exige el desastre generado por la riada, así que -creen- ya habrá tiempo de juzgar si se ha ejecutado lo prometido. La única pieza a batir es Carlos Mazón, que está abrasado políticamente y cuya única preocupación es salvarse penalmente, aunque eso suponga ponérselo imposible a la dirección del PP. El resto lo hicieron todos tan bien que es oportuno nominarles a los Nobel. 
Estas son las miserias que sigue arrastrando la DANA cuando ni siquiera se han cumplido cinco meses de la tragedia. La posición de Mazón es indefendible y el auto de la jueza de Catarroja le deja con una única salida posible: la renuncia al cargo por sus negligencias manifiestas. Luego habrá que dejar que la instrucción judicial, que aún está en una fase muy inicial, siga su curso, y que la política adopte una solución razonable para un relevo sin traumas o para un adelanto de elecciones al que, los que lo exigen con ahínco, jamás habrían accedido en idénticas o incluso peores circunstancias. Por eso sostiene Compromís que es 'un pensamiento mágico'. Porque ni el PSOE ni ellos habrían dado ese paso. 
Siendo todo esto relevante, no es ni mucho menos lo más trascendental. Lo que ocurrió el 29 de octubre jamás se debería borrar para que una tragedia de similares dimensiones no se vuelva a repetir. Y la solución definitiva no es que Mazón se vaya o le echen. La riada recordó una Ley de la Huerta que impidió las obras en el barranco del Poyo. Para salvar cañas y ratas, hay proyectos pendientes en varios cauces de la zona inundada, que de haber estado ejecutados los daños seguramente se habrían minimizado. De nada de eso se está hablando ni siquiera en un mes de marzo en el que las intensas lluvias han vuelto a poner en alerta a distintas zonas de España, en las que la amenaza de desbordamiento de ríos y arroyos se mantiene ante registros de precipitaciones y desembalse de presas nunca antes vistas, como en el pantano de Alcorlo en Guadalajara. Si los partidos separatistas en su catálogo de exigencias hubieran incluido un plan hidrológico que tenga en cuenta momentos de excedencia como este para paliar los largos períodos de escasez, ya estaría aprobado. Pero nada de eso ha ocurrido ni va ocurrir, siendo los responsables de la derogación de ese plan los mismos que quieren dinamitar la convivencia conjunta entre españoles. Pedir desde Castilla-La Mancha que se pongan las pilas en la gestión hídrica es lo mismo que buscar agua en pleno desierto.