La continuidad de Muface está en el aire y no hace falta saber mucho sobre esta mutualidad de funcionarios para señalar los dos factores que empujan a su desmantelamiento: el económico y el político. El Gobierno, muy dado a criminalizar todo lo que no le cuadra en su universo ideológico, ha visto una oportunidad histórica. Si cae este "modelo anacrónico", este "subsistema dentro de otro", en definición de la ministra de Sanidad, Mónica García, lo que harán es lanzar un doble mensaje a su parroquia más sectaria. Primero, les contarán que van contra los privilegios de unos pocos -aunque no lo sean- y después, indirectamente, la jugada implicará complicar la existencia a la comunidad con más titulares y beneficiarios. La provincia con mayor presencia de mutualistas es Madrid y sobra decir quién está al frente de su Gobierno autonómico. En esta región hay adscritos a Muface 258.113 personas, con lo que el impacto inmediato en la sanidad madrileña conllevaría un golpe de consecuencias muy difíciles de asumir con las condiciones actuales. Después de Madrid, que aglutina el 16% de mutualistas de toda España, está Barcelona (7%), seguido por Valencia (6%), Sevilla (5%) y Málaga (4%), las tres últimas provincias también con una sanidad pública gestionada por Ejecutivos del Partido Popular. Mónica García, cuyo salto a la fama se produjo por simular varios disparos a un consejero de Ayuso en la Asamblea de Madrid, comenzaría a acariciar el gatito como si fuera el Doctor Claw de la serie Inspector Gadget. Sin haberse cargado Muface, ya están haciendo acopio de batas blancas para salir a la calle, donde todos los gatos son pardos y da igual si el que se pone el distintivo de los sanitarios realmente lo es o trabaja de reponedor en una gran superficie. Y luego está el tema del supuesto privilegio, que no es lo que se debate ahora mismo. No se cuestiona por qué hay en España un millón y medio de personas -entre titulares y beneficiarios- que están acogidos a este régimen. Si nos remontamos a la historia de Muface, cuando se unificaron los distintos montepíos y se adoptó una mutualidad única, se hizo para poner fin precisamente a las desigualdades que existían, dando cobertura a todos los funcionarios y una adecuación de las prestaciones. Todo esto importa poco, si lo que se pretende es controlar el relato. Tiene mejor venta gritar que son unos privilegiados y unos aprovechados. 
En el ámbito de las aseguradoras se sitúa la cuestión económica. Estas compañías han visto la oportunidad de mantener un pulso con el Gobierno para tratar de equilibrar lo que cuesta su servicio con lo que reciben en compensación por la asistencia que ofrecen. Y sabedoras de que tienen la sartén por el mango, han decidido imponer sus condiciones, que dependiendo de los intereses de cada uno serán legítimas o excesivas. Si hubiera voluntad, habría acuerdo, pero cuando los condicionantes económicos particulares se mezclan con la política todo se embarra hasta extremos incontrolables, que es lo que ha ocurrido ahora. 
Si nos alejamos de estas dos cuestiones, hay un elemento del que se están olvidando las dos partes implicadas: los mutualistas y el conjunto de beneficiarios. Vamos a ponernos en la piel de los más mayores, con citas u operaciones a la vista y que a lo largo de esta semana han recibido un mail anunciándoles que su prestación finaliza el 31 de enero de 2025. Personas jubiladas con patologías de cualquier índole o completamente sanas que son conscientes de que, si no hay acuerdo entre las partes, tendrán que cambiar su asistencia, porque ni siquiera van a tener la opción de suscribir un seguro privado. Ni aunque empeñen su casa y el conjunto de sus bienes les van a dar esa opción. Nuestros mayores -más aún de una edad avanzada- son un estorbo porque son especialmente deficitarios. ¿Dónde quedó la sensibilidad para comunicar un desenlace -que ya veremos si se termina produciendo- a quien ha sido tu cliente durante buena parte de su vida?