Algo muy gordo se huele el Gobierno cuando ha convocado de urgencia a las organizaciones agrarias. No están acostumbrados ni a la protesta ni a la crítica ciudadana -la que viene del adversario político, les importa cero-. En casi seis años en Moncloa, salvo en este inicio de legislatura, la calle ha sido un bálsamo para Sánchez. No porque no haya habido motivos, que los pueden encontrar por todos los rincones. Con otro partido en el poder, las barricadas habrían sido el pan nuestro de cada día, pero nada de eso ha ocurrido. A la tradicional pasividad de la derecha para manifestarse se ha unido la anestesia permanente que nos inocularon durante la pandemia. Cómo habrá sido su prolongada tranquilidad que el único motivo que ha tenido el principal partido del Ejecutivo para revolverse ha sido un teatrillo de cuatro frikis en Nochevieja golpeando a un muñeco que representaba al propio Pedro Sánchez con una caracterización nefasta.
La premura de la reunión trata de aplacar los ánimos de las gentes del campo. El Gobierno sabe que tienen su orgullo herido por la comparativa que se está haciendo con los agricultores franceses. Les han tachado de pagafantas de medio pelo y hasta ahí podíamos llegar. Además, el ministro Planas es consciente de que es un malestar imposible de controlar. Ante problemas comunes, nuestros labradores han quedado como dóciles profesionales, curritos resignados o, en el mejor de los casos, como disciplinados trabajadores ante la falta de impulso reivindicativo de las organizaciones que les representan. Los agricultores españoles han confirmado lo que ya sabían: que a los franceses se les respeta mientras aquí se les ignora; que los sindicatos agrarios más allá de los Pirineos tienen una tremenda fuerza que no admite comparación con la que ejercen en España; que aquí es el colectivo menos gremial y menos corporativo que existe, mirando en muchos casos por intereses individuales, mientras en Francia van todos a una hasta conseguir el objetivo final; y se han vuelto a topar con una evidencia: el Gobierno de Sánchez tiene prioridades más celestiales como la amnistía, mientras ningunea -esto, también en el mejor de los casos- a los que desarrollan la noble tarea de producir los alimentos que luego comemos todos. 
Es aventurado calcular la dimensión de las protestas que van a ejercer a partir de ahora los agricultores españoles. Es evidente que España no es Francia, ni siquiera Alemania, o Bélgica, o cualquiera de los países donde las tractoradas han forzado que se les atienda. La mayoría de las reivindicaciones son compartidas, sí, pero no se abordan con la misma contundencia. No se trata de llamar ni a la violencia ni a llevar a extremos de radicalidad una queja legítima. Aquí tampoco van a contar con la anuencia de la policía como en Francia, que han permitido que a los camioneros les tiren la carga sin actuar. Es un problema de organización, que no la tienen porque no es un coro que esté interpretando la misma música, aunque la partitura sea idéntica para todos. 
Esto es realmente lo que le preocupa al Gobierno. No tanto que desde las principales organizaciones agrarias se convoquen protestas, sino que las impulsen grupos sin siglas y al margen de convocatorias más oficiales y oficialistas. Lo padecieron durante la huelga de transportistas de hace un año, en la que una pequeña plataforma independiente consiguió paralizar buena parte del país. Bastó que un camionero con carisma movilizara a los compañeros a través de las redes sociales y la mecha prendió al instante. Tiraron de chalecos amarillos y aquella indumentaria recordó la que, años antes, puso en jaque al gobierno francés de Macron. Eso lo sabe Planas y el resto del consejo de ministros, que temen que la historia se repita ahora con los agricultores. De ahí la convocatoria urgente. Y, a todo esto, sigue sin llover.