Los periodistas que lo sufrieron, lo saben. El incendio de Guadalajara de 2005, en el que fallecieron once miembros del retén de Cogolludo, derivó en una persecución brutal contra los profesionales de la información que se atrevieron a cuestionar -aunque fuera mínimamente- la actuación de la Junta de Comunidades. Fue un acoso y derribo diario. Llamadas permanentes desde la dirección de comunicación del Gobierno regional a responsables y editores de medios para silenciar cualquier crítica, por pequeña que fuera. Sabían dónde disparaban: es en ese periodismo de cercanía, piel con piel, en el que cuesta más mantener el tipo. Algunos jefes sucumbieron y ejecutaron órdenes contra los periodistas más incómodos y les apartaron tras la 'sugerencia' del poder. Su caída fulminante hubiera sido como un asesinato narrado en directo y fue ahí donde se las arreglaron para hacer un trabajo fino. Hubo compañeros a los que les dieron un puntapié a otra provincia, sin saber que esa patada resultaría un impulso para su carrera. Entonces no se escuchó ninguna palabra de apoyo contra los perseguidos. No hubo comunicados defendiendo la libertad de prensa, ni siquiera por parte de los colectivos que tendrían que haber velado por salvaguardar ese derecho. El silencio fue tan cómplice como, a la postre, claudicante. Y sólo cabe la mínima disculpa para aquellos que callaron porque la viabilidad de su medio dependía, en gran medida, del dinero público que recibían de las administraciones vía publicidad. 
La Junta de Comunidades la presidía entonces el socialista José María Barreda, hombre cabal y bueno, culto y con una gran talla humana, al que los acontecimientos le desbordaron. Me consta que las consecuencias del incendio le quitaron muchas noches el sueño y el desgaste en la gestión de esta crisis -junto a otros factores- tuvo su castigo en las urnas en las elecciones autonómicas de 2011. Barreda heredó una locomotora cuyas piezas estaban completamente engrasadas, especialmente en el ámbito de la comunicación, a cuyo frente colocó a Mercedes Pastor, hermana de la también periodista Ana Pastor.  El puesto le quedaba tan grande que sus carencias las suplió con presiones fuera de lo permitido y, en ningún caso, compatibles con la libertad de prensa. Implicó incluso en esa persecución contra los periodistas incómodos a subordinados que no compartían esas prácticas, hasta tratar de censurar cuando algunos de los familiares de los once muertos denunciaban la falta de medios, la tardanza en actuar o la desidia a la hora de pedir ayudas al Gobierno central, entonces presidido por Rodríguez Zapatero. Entonces no escuché ninguna condena a esta persecución. No hubo declaración alguna ante lo que era un ataque frontal contra la libertad de prensa. 
Los que lo sufrieron, lo saben, y es un mero señuelo que confirma que el trabajo de la prensa nunca ha sido fácil frente al poder, aunque ahora en estos tiempos modernos parezca que las amenazas son nuevas y sólo desde el ámbito de la derecha. Los mismos que aplauden el texto aprobado este jueves en la Asamblea de Madrid, reivindicando la libertad de prensa ante la «creciente tendencia global de ataques a periodistas por parte de los gobiernos», callan cuando las amenazas vienen desde su ámbito editorial. Los mismos que denuncian las prácticas inaceptables de Miguel Ángel Rodríguez, director de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, se han escondido sistemáticamente ante señalamientos de ministros del Gobierno Sánchez. No hay libertad de prensa ni a media jornada ni fija discontinua, aunque los de siempre se agarren a ella quedando perfectamente retratados.