Pongamos que se llama Lucía. Es joven, guapa y lista. Estudia una carrera universitaria que le va a permitir en el futuro dedicarse a una profesión de las más dignas: ser enfermera y cuidar de los demás. Como cerca de medio millar de personas en España -de las que nueve de cada diez son mujeres-, sufre un trastorno de la conducta alimentaria. A Lucía, con 18 años, un delincuente le quitó toda su inocencia de golpe. El 23 de julio de 2020 estaba ingresada en el Hospital de Guadalajara. Débil y con las defensas muy bajas; medicada y sola en su habitación. Esa situación de extrema debilidad la aprovechó un celador que apenas llevaba un par de meses trabajando en el hospital. Entró en la habitación de Lucía y le agredió sexualmente.  Los detalles de la sentencia son gráficos y asquerosos. En realidad, fue una violación con penetración oral incluida, extremo que no puede castigar el tribunal con esa tipificación penal porque no medió violencia. Lucía no tenía fuerzas para oponerse y vio al celador como una autoridad sanitaria. 
Lo que vino después ha sido incluso peor para ella y Lucía ha sufrido una doble victimización por parte de los que, en teoría, tenían que haberla protegido y blindado. Salvo personal de enfermería, que la animaron a denunciar, el resto miró para otro lado, en una actitud tan vergonzante como ofensiva para la víctima y para su familia. Por aquel entonces el director de gestión del hospital era Aurelio Zapata, hoy diputado del PSOE en el Congreso. Estos días anda haciéndose el ofendidito porque la familia ha revelado que acudió a él a pedir ayuda y no se la prestó. Sin embargo, además de amenazar con querellas a quien osa mencionarle, Zapata no ha aclarado absolutamente nada. Primero, por qué no elevó el caso para que los servicios jurídicos del Sescam se personaran en la causa. Segundo, por qué no impulsó él mismo la denuncia contra el celador ante unos hechos muy graves ocurridos en un centro que, supuestamente, se encargaba de gestionar. Tercero. El celador era un trabajador eventual que había sido contratado para reforzar la plantilla mermada por el COVID. Se limitaron a cambiarle de unidad, pero siguió trabajando en el centro, hasta el punto de cruzarse ocasionalmente con su víctima en el ascensor. ¿Por qué no dieron por finiquitado su contrato? Es evidente que prefirieron mantener a un presunto agresor sexual en las dependencias de un hospital antes que tomar una decisión fulminante. Cuarto. La familia pidió a Zapata las imágenes de las cámaras de la planta donde se produjeron los hechos y -aseguran- les contestó que no grababan. Como el hospital, a través del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, no estaba personado, no pudieron solicitar al juez que autorizara su visionado. No interesaban. 
Y luego está el papel jurídico que juega tanto el Sescam, condenado por responsabilidad civil subsidiaria, como el letrado del servicio que ha sido partícipe de todo el proceso. Lejos de subrayar las tesis de la defensa de la agredida y de la Fiscalía, insistiendo en la denuncia, se puso de perfil. Cuesta creer que, en un asunto tan turbio, fuera una decisión individual sin recibir las órdenes políticas oportunas por parte de los responsables tanto del Sescam como de la propia Consejería de Sanidad.    
Lucía, hermana, yo sí te creo. Todos los que podían haber hecho algo para protegerte, no te creyeron. El relato de lo ocurrido y la sentencia -jurídicamente muy bien argumentada- lo constatan. 
PD. Cuentan las crónicas que cientos de feministas llevan tres días acampadas a las puertas del hospital para pedir explicaciones al Sescam. Todas ellas exigen también la destitución fulminante del diputado Aurelio Zapata. Búsquenlas. Les va a costar encontrarlas. ¿Tampoco creen a Lucía?