Son imágenes que han formado parte de la crónica diaria del descojone patrio. En el vídeo se ve al dueño de un turismo limpiando su coche bajo una tubería inmensa. No utiliza ni cubos ni mangueras. Está en Orihuela (Alicante) y le basta con el agua que pierde una de las grandes conducciones del trasvase Tajo-Segura. Lo deja limpio como una patena. Con lo que cae, le da para humedecer, enjabonar, pasar una gamuza, aclarar y, previo retirado de la gotera en cuestión, secar. Todo gratis, con esa visión ahorradora que te deja la conciencia tranquila. No gastas y aprovechas los desperdicios de otros. «No hay mal que por bien no venga», admite uno de los usuarios de este lavacoches improvisado. 
El vídeo ha generado muchas risas -lógicas-, algo de complicidad -te has visto debajo de la tubería limpiando tu coche, y lo sabes- y bastantes menos críticas. Que una infraestructura tan cuestionada desde Castilla-La Mancha tenga permanentes fugas es la prueba de que la política hidráulica del Estado hace aguas. Y no es de hoy. Las negligencias van a la par del populismo, que en este caso son de doble vía. Hace años que los colectivos en defensa del río que abastece al Levante, como la plataforma Río Tajo Vivo, denuncian que por el camino se queda el 10% de lo que se trasvasa a Alicante, Murcia y Almería. Otros estudios incluso lo elevan al 15%, lo que se traduce en 90 de los 600 hectómetros cúbicos que, por ley, se pueden trasvasar cada año. Es agua que no se queda en los esquilmados embalses de cabecera ni la pueden aprovechar los regantes. Aunque no sea de forma simétrica, cercenan de una tacada las posibilidades de desarrollo de dos comarcas distintas. Y es dinero que se esfuma. Los regantes no lo pagan porque no les llega el líquido y la cuenca receptora, como es de imaginar, tampoco recibe la pasta, aunque aquí tampoco se percatan porque es una situación tan habitual como permanente. Como el dinero no es finalista, la administración regional lo administra como le conviene y no siempre a favor de los intereses de los municipios de la cabecera alta del Tajo, que es de donde sale el agua. 
La anécdota de los alicantinos lavando su coche en la tubería del trasvase va mucho más allá de la risotada general. Demuestra que la gestión del agua en España es otra de las cuestiones que, por falta de consenso, está plagada de sonoros fracasos. Que en una infraestructura de cerca de 300 kilómetros haya fugas, puede llegarse a entender. Lo que no tiene ni medio pase es que se pierdan porcentajes de agua tan altos, en momentos en el que el discurso del cambio climático se instala como dogma oficial, acaparando la mayor parte del mensaje político de los que mandan y también de un amplio sector de los que aspiran a hacerlo. 
Siendo grave, no deja de ser una anécdota dentro de una España sin un plan hidrológico nacional que consiga equilibrar, con cesiones justas, las demandas de las regiones más secas con el excedente de las húmedas. No se han ejecutado obras hídricas de envergadura y las desaladoras siguen siendo una alternativa tan puntual como insuficiente y carísima. Ahora, la España sedienta clama soluciones urgentes, mientras se habla de restricciones que van a afectar directamente al consumo humano en zonas especialmente pobladas como al área metropolitana de Barcelona. La ministra Teresa Ribera, que no ha movido un dedo para redistribuir los recursos de forma justa y con luces largas, no descarta ahora «medidas extraordinarias» ante la petición de agua de Cataluña. Vuelta la burra al trigo. Sólo se mueven cuando los independentistas les colocan al borde del precipicio.  Y, viendo los antecedentes, volverá a haber bajada de pantalones.