Rumbo al Tribunal Constitucional. Carles Puigdemont podrá presentar un recurso de amparo por vulneración de derechos dado que el Tribunal Supremo ha rechazado los recursos presentados para que recondujera su decisión de inaplicar la ley de amnistía al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y otros exconsellers fugados por considerar que el delito de malversación por el que fueron condenados no cabe en la ley de amnistía aprobada por el Parlamento. La Sala de Apelaciones del Supremo se reafirma en la doctrina del juez Pablo Llarena según la cual la malversación existe porque los artífices del 'procés' tuvieron un enriquecimiento personal porque no pagaron de su bolsillo el desarrollo de todo el intento de secesión.

La original interpretación del Supremo se basa en que "un sujeto se beneficia patrimonialmente cuando se incrementa su patrimonio, pero también cuando su patrimonio no decrece porque sus obligaciones son asumidas ilícitamente por los fondos públicos", Ahora se abre la puerta a que Puigdemont recurra al Tribunal Constitucional que tiene previsto resolver sobre los primeros recursos planteados contra la ley de amnistía antes del verano.

La decisión del Supremo sirve en bandeja un nuevo enfrentamiento entre los dos altos tribunales, el judicial y el de carácter político, que puede acentuar las malas relaciones entre ambos, con el punto de inflexión en los autos del Supremo en los que se insinúa que los magistrados del Tribunal Constitucional podrían llegar a ser enjuiciados por prevaricación, y el apoyo del Supremo a la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla para que recurra al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que decida sobre la cuestión prejudicial que han presentado en relación con la sentencia del TC sobre los ERE.

En relación con la ley de amnistía y su aplicación ocurre que todo se desarrolla según lo previsto, porque en unos casos se retransmite lo que se va a hacer y en otros se sospecha cual va a ser la respuesta. Que el Supremo iba a maniobrar para intentar no aplicar la ley de amnistía era conocido, porque suponía poner en cuestión toda la instrucción y la sentencia por la que fueron condenados todos los instigadores del 'procés' a pesar de que el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, tuvo un cuidado extremo en no vulnerar ningún principio que pudiera ser utilizado contra la sentencia en el Tribunal de Estrasburgo.  Que el TC puede ser favorable a no aceptar los recursos contra la ley de amnistía y a validarla parece también evidente porque su composición es mayoritariamente progresista, y el propio presidente del TC, Cándido Conde Pumpido está señalado por muchos sectores judiciales y políticos como el instrumento del Gobierno para validar la ley que le permitió a Pedro Sánchez iniciar la última legislatura.

Pero si unos sectores señalan que el TC está al servicio del Gobierno, la crítica más dura hacia los jueces del Supremo procede de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, para quien "en este país hay sectores reaccionarios que están atrincherados en el Poder Judicial y que incumplen las leyes que no les gustan". Por supuesto, la reacción del expresidente catalán también ha sido la previsible y en línea con la crítica de Podemos: "La decisión confirma la actitud de rebeldía ante el poder legislativo y la pataleta ante una ley que no les gusta", ha dicho Puigdemont. O sea, lo que se llama lawfare.