Se está hablando mucho en los últimos días sobre el adelanto electoral, ante la imposibilidad de gobernar con socios parlamentarios que impiden sacar adelante los presupuestos, las iniciativas legislativas, la revalorización de las pensiones, las ayudas a los ciudadanos damnificados por la Dana o la subvención del abono transporte. En una situación así, con un país paralizado y un gobierno a la intemperie, lo más lógico y sensato – al menos así ocurre en los países de nuestro entorno – es suspender la legislatura y convocar elecciones. 
Esto es lo normal en cualquier democracia europea. Mantenerse en el gobierno con las manos atadas, sin poder hacer frente a los problemas actuales y dejando aparcados asuntos que pueden condicionar nuestro futuro, responde a un planteamiento poco democrático. De nada sirve, sin tener la mayoría social y habiendo perdido las elecciones, atrincherarse. 
Ahora, que tanto se reivindica desde Moncloa la memoria y el pasado, con Franco de telonero en su póstumo 50 aniversario, alguien debería recordarle a Pedro Sánchez el gesto de valentía y de generosidad de Adolfo Sánchez dimitiendo por el bien de España el 29 de enero de 1981. Y haciéndolo como un señor, sin culpabilizar a quienes le hicieron una oposición dura e implacable desde la izquierda, y también desde su misma formación política. Alguien le debería pasar a Sánchez el vídeo de aquella dimisión televisada y subrayarle la siguiente frase: «Yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España».
Pese a que las circunstancias actuales son más que suficientes para decir 'hasta aquí hemos llegado', es muy difícil que Sánchez se avenga a convocar nuevas elecciones. En primer lugar, porque las encuestas ya no le son favorables, ni a él ni a su socia preferente Yolanda Díaz, que está llevando a Sumar a la insignificancia. Y, en segundo lugar, porque sus socios parlamentarios nunca van a encontrar a nadie mejor que Sánchez para conseguir prebendas y reivindicaciones. El PNV, ERC, Junts per Catalunya o el Bloque Nacionalista Galego incomodan de vez en cuando, pero siempre harán de muleta al inefable. 
El Palacete de París, para el PNV; los presos de ETA recuperando la libertad de forma anticipada; la amnistía y una Agencia Tributaria catalana (si hiciera falta) … El apoyo de unos y de otros está inmejorablemente recompensado. Es cierto que tampoco el PP, si fueran sus votos necesarios, tendría inconveniente en asumir cualquier tipo de peaje. 
¿Quién ganaría adelantando las elecciones? Pues, salvo que las previsiones demoscópicas fallen, una vez más, ganarían PP y Vox. Esa derecha contra la que Sánchez decidió levantar un muro en la investidura, aunque represente a la mayoría social de los españoles. Estamos, por tanto, ante una situación insostenible, pero no imposible de sobrellevar, cuando al frente del Gobierno hay un político sin escrúpulos como Sánchez.
El poder absoluto, con el control también absoluto de las instituciones, tiene multitud de resortes para anular e incluso eliminar al adversario. Con el Parlamento o sin el Parlamento, con Europa a favor o en contra, con los jueces investigando escándalos y casos de corrupción en sus entornos y aledaños, Sánchez seguirá aferrándose al timón del barco.
Y, en caso de naufragio, como ya ha hecho en otras ocasiones, le echará la culpa a la ultraderecha reaccionaria, que causa dolor social e impide que su 'gobierno de progreso' consiga, desde el otro lado del muro, consolidar la inmejorable situación económica de España.
Dejo para mejor ocasión la vuelta del pluriempleo, el problema de la vivienda, la inmigración incontrolada o la crisis sanitaria.