El gobierno de Sánchez, se nota, se ve, está en proceso de demolición. A cámara lenta, sin fecha para que se concrete el final, pero cuanto más se prolongue es peor para los implicados, por la degradación que supone seguir en directo los esfuerzos de sus protagonistas para no ser arrollados por la ola que conduce a la muerte política.
Si Fernando Grande Marlaska quiere ser digno de respeto, habría presentado su dimisión como ministro en cuanto se dio la noticia de que el presidente de gobierno desautorizaba su operación de compra de munición a Israel para la guardia civil. Impensable que esa compra no la conociera el presidente de gobierno, que evidentemente la permitió; pero una vez más dejó a colaboradores bajo las patas de los caballos al echar por tierra decisiones avaladas por el gobierno, defendidas por el ministro de turno, y que Sánchez anuló en cuanto vio que provocaba problemas.
Pedro Sánchez ha dado un rejonazo al prestigio de Grande Marlaska con tal de neutralizar el descontento de Sumar. No conforme con gobernar según las pautas que le marca Carles Puigdemont, el presidente pone ahora en valor una figura tan insustancial como la de Yolanda Díaz. Que estaba en contra de comprar a Israel, eso sí, pero cuando el ala de Izquierda Unida mencionó la posibilidad de que Sumar abandonara el gobierno y rompiera la coalición, a Yolanda le dio un vahído y no dudó en anunciar que los ministros de Sumar se mantenían fieles al "gobierno progresista". Vaya progreso, dejar de lado los principios antes que renunciar al despacho ministerial.
Dicen en Moncloa que la rescisión del contrato con Israel se debe a que el presidente no quiere que el gobierno pierda credibilidad. Mejor hubiera sido cualquier otra excusa, porque la credibilidad estaba perdida desde mucho antes de que se renunciara a una operación que ha costado 6 millones de euros que probablemente no se van a recuperar, con un contrato firmado y publicado en el BOE. Total, seis millones no son nada si se compara con la pérdida del gobierno.
Para reforzar más la coalición y echar una mano a Yolanda Díaz en sus problemas con el sector comunista de Sumar, se ha anunciado desde Moncloa que finalmente se va a aprobar la semana próxima la reducción de la jornada laboral. Por las buenas, sin debate y aprobación parlamentaria. En este gobierno progresista las iniciativas legislativas se sacan a capón. Y hablando de progresismo, nada como soltar al ministro Oscar Puente para que revolucione el escenario. Ha declarado que lo de enchufar a Jessica en una empresa pública está muy mal, pero que tampoco hay que exagerar porque "la gente no se pega por un puesto de 900 euros mensuales". No tiene ni idea este gobierno de cómo está el empleo, sobre todo para los jóvenes. Manipula las cifras sin pudor y, para mayor escarnio, considera que no merece molestarse por un salario de 900 euros.
Desde el fin de la dictadura, nunca un gobierno había caído tan bajo.