El empecinamiento de Pedro Sánchez en neutralizar la labor de la Justicia española, promoviendo leyes que ponen fuera de juego a instituciones y organismos que no le son absolutamente fieles, es la señal más inequívoca del escaso respeto del presidente a las normas esenciales de la democracia.
Sánchez ha debido comprender, al fin, lo que miembros de la oposición e infinidad de periodistas veían hace tiempo: será la Justicia la que ponga fin a su carrera presidencial. Puede pertrecharse en Moncloa y vender España a pedazos para comprar adhesiones de los partidos que le pueden prestar un puñado de votos en el Congreso, pero la Justicia es implacable. Aunque lenta, acaba dictando sentencia.
Hay jueces que no actúan con la independencia debida, aunque son pocos; pero más allá de los nombres excesivamente ideologizados que todo el mundo conoce, la inmensa mayoría la forman profesionales que cumplen rigurosamente con lo que marca la ley. Lo hemos visto hace un par de días, cuando todas las asociaciones judiciales han salido en tromba con un comunicado en el que expresaban su rechazo total a las declaraciones inaceptables de María Jesús Montero, la vicepresidenta primera del Gobierno de Sánchez -dato muy relevante- en las que anteponía el testimonio de una víctima de presunta violación a lo que dice la ley.
El presidente de gobierno lleva tiempo preparando una batería de iniciativas parlamentarias con las que intenta desbaratar el entramado jurídico y la Constitución. No siempre con éxito, porque a pesar de ceder a todas las exigencias de los partidos minoritarios para garantizarse sus votos, algunas de sus propuestas parlamentarias son inasumibles,, incluso para quienes se toman las leyes a título de inventario. Sánchez y su acólito Félix Bolaños tienen listas reformas que provocan escándalo, pero Sánchez solo tiene un objetivo: dificultar e incluso anular las actuaciones judiciales que le expulsen del poder.
Pincha en hueso. Incluso sus más incondicionales - excepto la peculiar Montero- se tientan la ropa antes de pronunciarse abiertamente en contra de cuando la ley es inequívocamente clara, no da pie a interpretación ni deja fisuras abiertas por las que puedan colarse los jueces, fiscales y abogados más avezados.
Seguro que el presidente español sigue de cerca lo que ocurre en Francia. Marine Le Pen. Podría convertirse en la próxima presidenta de Francia, porque el bloque que lo impedía está debilitado y dividido. Pero le ha salido al paso una institución que ha cercenado su carrera: la judicatura. Ha ocurrido lo mismo con Sarkozy, inhabilitado para retomar su actividad política.
Se mantendrá Pedro Sánchez todo lo que pueda, su capacidad de maniobra es absoluta y el servilismo de sus acólitos indestructible, aunque sus trayectorias han quedado contaminadas para siempre. Pero cuando salga de Moncloa, que saldrá algún día por la acción de la justicia o por la pérdida de votos, será un político desprestigiado en España y sin crédito en el escenario internacional, donde ya le tienen calado. Sobre todo en Europa conocen bien sus trampas y el incumplimiento de sus compromisos.