Recortar la burocracia, despedir inmisericordemente a funcionarios malhumorados y ahorrar millones de dólares de dinero público puede sonar como una buena idea. Hacerlo de manera sectaria y alocada es una pésima decisión. El estado, aunque sea popular imaginarlo como un nido infecto de sanguijuelas, es una maquinaria -peor o mejor engrasada- que se ocupa de millones de cosas que damos por sentadas. Desde el mantenimiento de una carretera, hasta la gestión de un puerto. Si una pieza falla, puede contagiar al resto y provocar un fallo multiorgánico. Y por muy criptobros y muy anarco-liberales de Andorra que queramos imaginarnos, no queremos un fallo multiorgánico. 
Estamos hablando, por supuesto, de las andanzas de Elon Musk al frente de DOGE. De actuaciones que además se hacen desoyendo las medidas cautelares dictadas por los tribunales. Que el poder Ejecutivo se declare en rebeldía del Poder Judicial es el fin de la división de poderes y, por tanto, de la democracia liberal. El recorte más alarmante hasta ahora es probablemente el del ámbito sanitario. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH), el mayor financiador mundial de la investigación biomédica, han perdido 1.200 investigadores, mientras que la FDA y los CDC ven mermadas sus capacidades de control y prevención.
El plan de Trump pasa por regar con dinero de los magnates tecnológicos todo aquello que deja de tener aportaciones públicas. Pero la historia demuestra que la ciencia impulsada por intereses privados nunca es suficiente, ya que su mirada está puesta en la rentabilidad inmediata y eso deja fuera inquietudes científicas que, años después, cuajan en aplicaciones prácticas inimaginables. Y mientras Trump desmonta estructuras clave, China se afianza como la nueva superpotencia científica. Su inversión masiva en inteligencia artificial y biotecnología está dando frutos, y el declive estadounidense no hará más que acelerar su ascenso. El futuro de la innovación global puede estar a punto de cambiar de manos.