Toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Nadie es culpable hasta que así lo establezca una sentencia firme. El principio de presunción de inocencia es un pilar fundamental en cualquier sistema democrático. Y, finalmente, el testimonio de una mujer, aunque sea joven y valiente, tampoco prima sobre ese derecho fundamental, por mucho que lo ignore la mismísima vicepresidenta primera del Gobierno. Y los jueces, aunque no nos gusten algunas de sus resoluciones, son los encargados de aplicar las leyes y dictar sentencias de las que se puede discrepar, pero no impugnar por parte de quienes discrepan de ellas.
La discrepancia también es un derecho, por supuesto, pero siempre que se haga desde el rigor y con argumentos. María Jesús Montero ataca a los jueces y juezas que han decretado la absolución de Dani Alves y le da más valor a la declaración de la víctima que a la investigación y comprobación de los hechos. No tengo información suficiente como para juzgar si tienen o no razón quienes han juzgado este caso y supongo que tampoco la tiene la vicepresidenta, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz para declarar que la confesión de la víctima está por encima de la presunción de inocencia del acusado.
El deterioro político e institucional ha llegado a tal punto que los máximos responsables de fortalecer nuestro sistema democráticos son los primeros en socavarlo y desprestigiarlo. Quienes deberían dar ejemplo hacen todo lo contrario. No se puede pedir respeto a las decisiones judiciales por la mañana y cargar contra ellas cuando le dan la razón al adversario por la tarde. Si María Jesús Montero desprecia, como parece, la presunción de inocencia en ese supuesto delito de violación, tendría también que dar valor a las acusaciones de delitos que afectan al Gobierno y al entorno de su presidente, Pedro Sánchez.
En nuestro país juzgamos y sentenciamos tan alegremente que podemos decidir en cuestión de segundos si fulano o mengano debería estar ya en la cárcel. Dependerá de cómo nos caiga el acusado o de si pertenece a los nuestros o a los del bando contrario. Sin embargo, esta tendencia al linchamiento nunca debería ser alimentada por quienes tienen la responsabilidad de garantizar el Estado de Derecho y la separación de poderes. La presunción de inocencia no debería ser una moneda de cambio ni tampoco la justicia un objeto más de confrontación, porque acabaremos cargándonos la credibilidad – ya bastante deteriorada – en nuestro propio ordenamiento jurídico.
Es evidente que algunas sentencias dejan abierta la puerta a la desconfianza y a la crítica. Ahora bien, la propia evidencia nos demuestra que esas críticas no vienen avaladas por la lectura detenida de los argumentos que explican sus razones. Salvo raras excepciones, nadie lee esos considerandos de los jueces y se queda en el titular de la sentencia: la absolución o los años de condena que le caen al acusado. 
María Jesús Montero habla de renovación y de respeto a las instituciones, mientras se carga uno de los principios básicos del Estado de Derecho. Eso sí, cuando lo considera perjudicial para sus cicateros intereses políticos o cree que es un arma de ataque y destrucción contra sus adversarios. Solo en estos casos.
Y puestos a distinguir, ya no distingue entre jueces, políticos, periodistas o ciudadanos que asisten perplejos a sus destempladas opiniones. La legislatura parece haber entrado en una dinámica de consecuencias imprevisibles, sustentada en el todo vale.