El fiscal general del Estado contra la justicia que debería defender. Los sindicatos movilizándose por primera vez en seis años, pero contra la oposición y no contra el Gobierno que los subvenciona. El presidente del Gobierno de gira, abrazado a sus nuevos candidatos autonómicos, sin propuestas ni proyectos, pero alertando de los peligros de una 'multinacional ultraderechista' encabezada por Ayuso. Y ninguna explicación razonada de por qué al PSOE le dan la espalda los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, donde no gobierna desde hace tres décadas. El mundo al revés.
La capacidad de convocatoria y la exhibición de fortaleza de UGT y CCOO, este domingo, merece, cuando menos, una reflexión en voz alta. Entre Madrid y Barcelona apenas fueron capaces de reunir a ochocientas personas, incluidos delegados, sindicalistas liberados y cargos directivos de esas dos centrales sindicales mayoritarias. Los trabajadores no se movilizaron porque el objetivo de la protesta había desaparecido: tanto Puigdemont como Feijóo decidieron unos días antes votar el decreto que aprueba la subida de las pensiones, la bonificación del transporte y la ayuda a los damnificados por la Dana.
Vaya por delante mi respeto a la libertad de manifestación, cuando un colectivo, un partido político, unos sindicatos o una comunidad de vecino quiera hacer visibles sus reivindicaciones y protestas en la calle. También mis respetos a la tarea de los sindicatos en las negociaciones entre trabajadores y empresarios. Faltaría más. Sin embargo, la manifestación convocada el domingo contra la oposición al Gobierno, después de seis años sin salir a calle para denunciar la precariedad laboral, el paro juvenil o el problema de la vivienda, no deja de ser una broma. Sobre todo, si se reclama lo ya concedido.
Si Nicolás Redondo Urbieta y Marcelino Camacho levantaran la cabeza – por no hablar de Cándido Méndez y José María Fidalgo, que afortunadamente la tienen levantada -, pedirían la baja en UGT y CCOO, respectivamente, al ver la complacencia con la que sus sindicatos aceptan todo aquello que les propone el actual gobierno. Sobre todo, cuando el gobierno decide duplicarles la subvención, hasta alcanzar la nada despreciable cifra de 32 millones de euros. 
Pepe Álvarez – al que le escuché ayer lunes, donde Alsina, valorar positivamente las movilizaciones del día anterior y defender a Puigdemont, por lo mal que lo está pasando fuera de España – y Unai Sordo (no hay peor sordo que el que no quiere oír) son más partidarios de darle un repaso al PP – incluso de manera preventiva – que al gobierno de Sánchez o a la excompañera sindicalista, Yolanda Díaz. 
No les gusta que les llamen palmeros o telonero de Moncloa, pero sus actuaciones los delata. El problema es que también el PP, donde gobierna, alimenta esta especie de proteccionismo sindical, a cambio de preservar una buena convivencia. Hay que buscar 'la paz social', que decía un alto directivo de RTVE en mi etapa de Prado del Rey, cuando algún dirigente sindical pedía algo para un familiar o un amigo.
El número de afiliados sigue cayendo y los grandes sindicatos se han convertido en los grandes aliados de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Las manifestaciones del '1 de Mayo' tampoco son lo que eran, pero sí es muy elocuente la presencia en primera fila de ministros y ministras.
También es evidente la reducida presencia de currantes, liberados y no liberados, que llevan muchos años cotizando a la Seguridad Social y al sindicato de turno.