Ha quedado visto para sentencia el juicio en el que se juzgaba al exalcalde de Fontanar, Víctor San Vidal, por administración desleal, falsedad documental y prevaricación. 

En el uso de su derecho a la última palabra en el juicio seguido contra él y cuatro personas más en la Audiencia Provincial de Guadalajara, San Vidal ha reiterado su inocencia respecto a las acusaciones que se le imputan y por las que se ha sentado en el banquillo de los acusados durante los seis días que ha durado la vista oral. 

"Cuando he hecho algo mal y me he equivocado, lo he reconocido, he pedido perdón y he asumido las consecuencias, pero no he hecho nada mal y solo puedo reiterar mi inocencia", ha remarcado en una escueta intervención de apenas 20 segundos.

Una vista en la que han pasado por la sala unos 40 testigos; se han presentado pruebas documentales y periciales, y en la que la Fiscalía ha mantenido su petición de 10 años de cárcel para el exalcalde, aunque ha sustituido la acusación de malversación por administración desleal de acuerdo a los cambios en el Código Penal, manteniendo las de falsedad documental y prevaricación.

Respecto al resto de los acusados, también el Ministerio Público ha mantenido sus peticiones de pena de entre 2 años y medio y cinco años de cárcel para la secretaria-interventora, A.M.C.C.; el director del Centro de Formación y Vivero de Empresas, A.V.R.; M.A.J.B., madre del jefe de Protección Civil; o su hijo y responsable de Protección Civil, M.C.J., en función del caso. 

Una vista en la que también hizo uso de la palabra la secretaria interventora, quien, al igual que San Vidal, ha señalado que en todos los lugares donde ha trabajado ha intentado ejercer sus funciones "siempre con lealtad a la administración y bajo los principios que la legislación ampara",  y ha lamentado que se haya puesto en duda su capacitación profesional.

Según ha remarcado, "si hubiera detectado alguna anomalía o sospecha fundada, hubiera tomado medidas" para proteger los caudales públicos, para continuar aseverando que ella "jamás" ha elaborado una certificación falsa y que siempre ha actuado bajo el principio de "buena fe".

Por su parte, el jefe de Protección Civil ha pedido únicamente que se tome en cuenta lo que ha dicho su abogado, sobre todo la falta de pruebas o las partes que no han querido estudiar mientras que su madre, también acusada, se ha limitado a manifestar que era inocente, como lo ha remarcado también el responsable de los cursos en su turno de palabra para decir que su trayectoria siempre ha sido inmaculada en los 25 años que lleva ejerciendo. 

Previamente, todas las partes han realizado el alegado de sus conclusiones definitivas (Fiscalía, Acusación y defensas) . Así, el Ministerio Fiscal, que ya avanzaba ayer que mantenía su petición de 10 años de prisión para el exalcalde y anunciaba la ampliación de los años de inhabilitación, ha tratado de justificar en esta jornada las acusaciones contra los cinco investigados, entre ellos, el exalcalde de Fontanar, para el que pide la pena mayor.  

Según la fiscal que ha llevado el caso, Rocío Rojo, detrás de la actuación del alcalde hay un "estricto tema de poder" de un "señor, que tenía un absoluto sentimiento de impunidad de todo lo que estaba haciendo durante muchos años". "Él decide todo en un absoluto ejercicio de poder", ha señalado en una larga y rápida exposición en la que se ha ratificado en sus peticiones de pena.

"Se cree el dueño del mundo y lo tenia que demostrar en un ejercicio abusivo de poder", ha subrayado Rojo, para quien ha quedado acreditado que tanto el exalcalde como las otras cuatro personas investigadas en este procedimiento cometieron los delitos por los que están siendo investigados, y no considera acreditado tampoco que las trabajadoras que denunciaron los hechos, Marta y Eva, lo hicieran por motivos electorales, como se estima desde la Defensa de varios de los acusados. 

También considera  acreditado que el entonces alcalde cobró en su cuenta particular dinero de empresas por anuncios con motivo de las fiestas y que se estaba quedando con dinero público, endosos de hasta 25.000 euros, incluso facturas que se endosaban dos veces.

"Nada de este procedimiento es anecdótico sino que refleja un hacer del alcalde de este Ayuntamiento al que todo le estaba permitido", y que "burla la legalidad en todos los extremos de sus actuaciones", en los endosos, en los campamentos, en los contratos...; "una trama" para beneficiar a determinadas personas como es el caso del jefe de Protección Civil.

Desde el Ministerio Fiscal se considera igualmente que algunas de sus actuaciones reflejan  un plan "preconcebido", entendiendo que debe dictarse una sentencia de conformidad con su escrito ya que esta actuación "no puede quedar impune". 

Un procedimiento complejo en el que la Acusación de IU se ha ratificado, igualmente, en las peticiones de pena, considerando que este caso refleja "un modus operandi clásico de lo que es una corrupción", que empezó con pequeños movimientos y en el que funcionarias como Eva o Marta fueron "muy valientes" al decidir denunciar los hechos, ya que gracias que no se callaron se ha conseguido sacar a la luz "todas estas cosas".

Para la Acusación, ha quedado acreditado que había una caja fuerte en el despacho de San Vidal que solo controlaba él y a la que iba a parar el dinero en metálico, sin existir ningún control del mismo (aportaciones voluntarias de vecinos, piscina, polideportivo y ludoteca); que el único administrador del programa Gestiona era el exalcalde y que el jefe de Protección Civil, también acusado, tenía acceso a todo.

A su juicio, San Vidal no ha acreditados tampoco en la vista la justificación de 6000 euros percibidos de forma injustificada, por lo que entiende que debe haber una sentencia "estricta y que se ajuste a derecho". 

Por su parte, desde la Defensa de Víctor San Vidal, se ha solicitado la absolución para su defendido en base a la imprecisa relación de hechos que contiene en el escrito de acusación, la insuficiente investigación realizada, la inadecuada valoración de las fuentes de prueba y a una incorrecta situación de los hechos. 

"Existen muchas presunciones que por su propia naturaleza no pueden probar nada" y "las pruebas tienen que ser refutadas con otras pruebas y no con penseques o diretes", ha remarcado la Defensa, concluyendo que su defendido está convencido que todo esto es fruto de una "persecución política", ha subrayado. 

Tras una jornada maratoniana, el juicio ha quedado visto para sentencia.