Misión cumplida; la Fiscalía ya ha pedido al Tribunal Supremo la amnistía total del 'procés' y suspender la detención de Puigdemont, ha remitido nuevos informes y se reclama el borrado del delito de terrorismo en la causa de 'Tsunami Democràtic'.
Pero en realidad no significa nada que diecinueve fiscales de Sala hayan secundado el criterio del fiscal general del Estado frente a diecisiete fiscales que han apoyado la tesis de que el delito de malversación cometido por Carles Puigdemont u Oriol Junqueras no puede ser amnistiado, salvo el reflejo de la profunda división que genera la amnistía y el servilismo imperante del hombre complaciente al servicio de los intereses del ejecutivo. Sobre todo, si tomamos en consideración el hecho de que la Junta de fiscales está trufada por los amigos de Lola, Dolores Delgado, dominada por los elegidos a dedo de entre los miembros de una asociación minoritaria de fiscales, precisamente para poder revestir esta mayoría como si fuera un fruto de la deliberación jurídica y no del dedazo agradecido.
Por regla general, los fiscales suelen ser altísimos profesionales con capacidad jurídica y de análisis de la realidad que ejercen sus funciones dentro de la excelencia. Precisamente por ese motivo es tan nociva para ellos mismos y para la imagen del Ministerio fiscal la evidente acción política gubernamental del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de Dolores Delgado García, fiscal de Sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, en la conformación de esa mayoría de la Junta de fiscales de Sala. 
Los diecinueve dicen lo que diga Pedro y cuando Pedro decía lo contrario los diecinueve decían lo contrario, pese a que desde un punto de vista estrictamente jurídico el planteamiento a favor de la amnistía no hay por donde cogerlo. Así, habiéndose podrido ya tan digna institución del Ministerio público a base de politizarla, la victoria argumental de los diecinueve, donde además se suman los votos del propio jefe y el de Lola, no es más que una derrota moral que debe servir a los jueces para reforzar la motivación del criterio de los cuatro fiscales indóciles, coherentes con el Estado de derecho y con el ordenamiento jurídico español y europeo. Como siempre, tenemos que confiar en los jueces que son los que tienen la última palabra para decidir si se aplica o no. 
Sinceramente, en este caso y en cualquier actuación del Ministerio Fiscal que sea de contenido y orientación más política que jurídica, cuesta encontrar la sagrada misión de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas.