La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha aprobado el proyecto de Ley de Simplificación Administrativa. Tal y como ha apuntado la consejera Portavoz, Esther Padilla, la nueva norma pretende mejorar hasta 150 procedimientos para agilizar los trámites de ciudadanos y empresas con la Administración pública.

Comienza así la tramitación parlamentaria de la norma que tiene como objetivo la reducción "al máximo" de los trámites burocráticos, eliminando aquellos que se consideran innecesarios. Además, la nueva norma incorporará el uso de herramientas digitales y la Inteligencia Artificial (IA).

Para la elaboración de la norma Padilla ha recordado que han sido más de 400 porcedimientos los estudiados "con detalle" para ver si se puede simplificar o eliminar esa burocracia. Son más de un 30 por ciento los procedimientos que se mejorarán y en varios de los que no se puede actuar es debido a que están regulados con una normativa estatal, ha recordado.

Otra de las novedades que trae consigo esta normativa es la de aplicar el silencio administrativo positivo. De los 150 procedimientos estudiados, en unos 100 se comenzará a aplicar este silencio positivo en el momento en que la norma esté tramitada en las Cortes.

Para reducir los plazos, el Gobierno de Castilla-La Mancha aplicará un plazo de 12 meses de respuesta de la Administración pública. También se aplicará una reducción para la resolución de procedimientos a tres meses, y en el caso de la emisión de informes y dictámenes será de 10 días.

Las Entidades Colaboradoras de la Administración (ECA) se incorporarán en la nueva ley. Son una figura privada que se ocupará de la comprobación de informes y certificados, pero en ningún caso sustituirá ni ejercerá "nunca" las potestades públicas.

Padilla ha respondido a las críticas de los sindicatos, que denunciaban una privatización de la administración al incluir esta figura en la norma: "No privatizan la función de la Administración regional sino que ayudan a hacer las funciones que debería hacer el particular".