La dificultad para acceder a una vivienda ha dejado de ser una problemática que afecta solamente a las ciudades y grandes núcleos urbanos. El entorno rural también está sufriendo una considerable falta de stock de inmuebles, tanto en venta como en alquiler, que está lastrando el crecimiento demográfico de numerosos municipios. La provincia de Guadalajara es un ejemplo ilustrativo de esta preocupante realidad, especialmente evidente en las cabeceras de comarca y alrededores o en las poblaciones de mediano tamaño que cuentan con oportunidades laborales, buenas comunicaciones y una red razonable de servicios básicos que despiertan un creciente interés entre los nuevos pobladores rurales. 

Jadraque es una de las localidades que sigue este patrón. Su padrón municipal no ha dejado de subir desde al año 2019 hasta alcanzar los 1.458 habitantes a fecha 1 de enero de 2024, última revisión oficial. Para su alcalde, Héctor Gregorio, este incremento demográfico supone una «enorme satisfacción» en el contexto actual donde la lucha contra la despoblación se erige como el principal desafío del medio rural. Sin embargo, Gregrorio asegura que los nuevos moradores de su pueblo podrían ser todavía «muchos más» si no se toparan con el hándicap de la vivienda. «Si aquí viniera un promotor inmobiliario fuerte y construyese 20 casas, la mitad las vendería de golpe», asegura. 

Según explica el también diputado provincial, Jadraque acusa «dos problemas clarísimos» en este ámbito. Por un lado, la existencia de numerosas casas vacías «en manos muertas», es decir, que son propiedad de varios herederos «que no se ponen de acuerdo», impidiendo su salida al mercado. Por otra parte, argumenta que la escasez de inmuebles en venta y alquiler ha hecho que los precios «se disparen» y que, por tanto, la posibilidad de acceso a una vivienda sea todavía más complicada. «Es la burbuja rural», apunta el regidor jadraqueño.

Una situación todavía más compleja es la que padece Sigüenza, el municipio guadalajareño alejado de la capital que más habitantes ha ganado en los últimos dos años (481), contabilizando actualmente un total de 4.830. Su alcaldesa, María Jesús Merino, corrobora que «hay un problema fundamental en el medio rural que está frenando su desarrollo que es la falta de vivienda». «Quiero poner el foco de atención en esto, la persona con un salario normal es imposible que alquile una vivienda en nuestro municipio, primero porque no hay oferta, bien porque la propiedad privada no la quiere poner en el mercado o bien porque lo que hay está en malas condiciones», sostiene.

Además, la también diputada regional del PSOE señala que la venta de inmuebles «es sumamente complicada» en la Ciudad del Doncel porque la mayoría de las casas disponibles se ubican en el casco histórico y es necesario rehabilitarlas, lo que significa «un coste añadido y para una familia de renta media es algo inasumible». Por este motivo, la regidora seguntina asegura estar trabajando «con uñas y dientes» para paliar este obstáculo que ya ha trasladado personalmente tanto a los responsables del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana como a los de la Dirección General de Vivienda de la Junta de Comunidades a fin de buscar soluciones y apoyos

Sacedón es otra de las cabeceras de comarca con síntomas alentadores a nivel demográfico y económico, pero que sufre un gran déficit de parque inmobiliario. «Hay muchas viviendas vacías, pero no hay una oferta clara y suficiente para cubrir la enorme demanda existente», confirma el alcalde de la localidad, Francisco Pérez Torrecilla. La situación llega hasta tal punto que, según relata el regidor, los trabajadores de la empresa encargada de las obras de abastecimiento de los municipios ribereños «han tenido que alquilar una parcela y ubicar unas casetas de obra donde alojarse porque no encontraron ninguna otra opción» Del mismo modo, el primer edil sacedonense señala que en su ayuntamiento reciben llamadas diarias de personas que consiguen trabajo en la zona «y que nos preguntan si  podemos ayudarles en la búsqueda de una vivienda porque ellos no son capaces de encontrar».

«Precio desorbitado»

Sin duda, a juicio de Pérez Torrecilla, esta realidad implica un «freno» determinante a la hora de asentar un mayor número de habitantes en su municipio. Al igual que otros alcades, el de Sacedón cita el mal estado de conservación en el que se encuentran la mayoría de viviendas vacías susceptibles de venta o alquiler debido a su antigüedad y al hecho de pertenecer, en muchos casos, a varios herederos en conflicto.

A todo ello se suman los precios «desorbitados» que buena parte de los propietarios piden por el alquiler o venta de sus viviendas habida cuenta de tan elevada demanda. Ante esta problemática, el también diputado provincial de Consorcios y Asistencia al Municipio considera que una de las medidas que podría contribuir a paliarla sería «ayudar a los titulares y propietarios de inmuebles que no están en mejores condiciones a que los reformen y los pongas en mejores condiciones para que sean atractivos y habitables» como ya contempla la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Albares es también un ejemplo ilustrativo de esta tesitura que afecta al medio rural. «No crecemos más porque hay un problema clarísimo de vivienda. En el casco viejo, hay muchas casas vacías pero que ni se alquilan ni se venden. Nuestro crecimiento se está viendo limitado por culpa de la vivienda. Vendría muy bien que algún promotor construyese unos edificios de apartamentos o algo así porque hay mucha demanda», declara su alcalde, Antonio Brihuega. Cabe señalar que Albares es uno de los medianos municipios alcarreños emplazados en el margen sureste de Madrid cuyo padrón lleva experimentando un sustancial aumento desde 2019, registrando una cifra 608 vecinos en la última revisión del padrón.

El comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique, reconoce que, en estos momentos, la falta de vivienda, especialmente para alquilar, es un problema lastrante en la lucha contra la despoblación. «Me parece que es básico contextualizar que si esto está ocurriendo en el medio rural es porque se dan las condiciones para vivir, cosa que no sucedía hace mucho tiempo», lo que es debido, según Alique, al resultado positivo que están dando las medidas contempladas en Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación en Castilla-La Mancha impulsada por el Gobierno regional en 2021.
En todo caso, el comisionado del Reto Demográfico asegura que, consciente de esta problemática, la administración autonómica ya está acometiendo diferentes actuaciones. Entre ellas, destaca un proyecto piloto dentro del programa regional 'RETO D' dotado con 1,3 millones de euros, cuya convocatoria ya ha sido publicada en el DOCM, y que contempla una batería de subvenciones para aquellos propietarios, tanto personas físicas y jurídicas como entidades locales, que rehabiliten viviendas vacías para ponerlas en el mercado del alquiler en localidades afectados por la despoblación, entre ellas, las ubicadas en la zona de Molina-Alto Tajo y en gran parte de la Alcarria. Se incluyen ayudas para la adecuación del inmueble, la adquisición de mobiliario, el coste anual del seguro de garantía del alquiler y el certificado de eficiencia energética. «Si funciona bien, y esperemos que así sea, el objetivo es darle traslado al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para que pueda incorporar en su nuevo plan estatal  un apartado específico para movilizar la vivienda del medio rural, sobre todo la privada, con ayudas a la rehabilitación», indica. 

Oficina específica

La segunda medida novedosa que la Junta lanzará próximamente en este ámbito será la creación de una Oficina de Fomento de la Vivienda en el medio rural a través de la empresa pública Gicama « que va a gestionar una bolsa de la vivienda rural para poner en contacto al que quiere vender y alquilar con el que quiere comprar», detalla Jesús Alique. Este nuevo servicio contará con tres profesionales titulados «que van a hacer esa labor de información y asesoramiento a los propietarios, de tal manera que les van a ayudar en la gestión del alquiler, en los seguros de impagos, de desperfectos, en acompañarles en el proceso de rehabilitación de la vivienda, es decir, como si fuese una gestión de un modelo en llave». «También es un proyecto piloto y pionero en España que se presentó al Ministerio y lo recibió de buen grado», concluye Alique.