Max Weber, una de las figuras destacadas que conforman la santísima trinidad de la sociología, junto a Émile Durkheim y Karl Marx, escribió largo y tendido a finales del siglo XIX y principios del XX sobre la burocracia. Venía a decir que dicha burocracia es una forma de organización que se caracteriza por la división jerárquica del trabajo y la existencia de reglas y regulaciones.

El sociólogo alemán consideraba la forma más eficiente de administrar las instituciones y las empresas, pero como todo modelo ideal tiene sus ventajas y sus obstáculos. En el lado de los pros, se puede valorar la estandarización del proceso y la eficacia de la gestión a gran escala. Por el lado de los perjuicios, están la rigidez, la complejidad y los largos tiempos de espera.

No hay que olvidar que, tradicionalmente, quienes tenían que analizar uno por uno los documentos, leer informes y realizar un análisis exhaustivo de un proceso era una persona o un grupo de funcionarios. Y, hasta la fecha, ningún ser humano puede leer de forma simultánea varios documentos a gran velocidad y sacar unas conclusiones claras de los mismos.

Es por eso que la Inteligencia Artificial (IA) se ha colado en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para agilizar trámites burocráticos. En concreto, dentro del proyecto de la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa hay un apartado específico para la regulación de la IA y el empleo de esta en la evaluación de documentos.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, según ha reconocido la consejera Portavoz del Ejecutivo, Esther Padilla, está «entrenando» a las máquinas para que sean capaces de analizar, gestionar y distinguir informes de evaluación ambiental. La IA es mucho más rápida que un ser humano a la hora de reconocer qué documentación falta o si algún certificado es erróneo.

Tal es la magnitud y la celeridad de la Inteligencia Artificial que permitirá analizar hasta 80 expedientes de impacto ambiental en una semana. Como norma general un empleado público podía realizar esta misma función para un solo estudio en el mismo periodo temporal.

Ahora bien, el empleo de la Inteligencia Artificial en ningún caso sustituirá la labor de los trabajadores públicos, apuntan desde el Gobierno autonómico. Será la administración quien tenga la última palabra a la hora de decidir si dar luz verde al estudio de impacto ambiental en cuestión.

La IA deberá ser entrenada con informes ya resueltos. La Inteligencia Artificial es una herramienta que viene para quedarse. Este medio le ha preguntado a ChatGPT cómo podría entrar en funcionamiento y valorar si cumple o no ciertos requisitos.

Para poder entrenar a la IA la administración pública debería dotar de una cantidad importante de informes de impacto ambiental anteriores, con resultado positivo y negativo, además de incluir la legislación pertinente. Después, el modelo analizaría, cruzaría una serie de datos y generaría un informe automático con unas conclusiones.

Un ejemplo podría ser la simulación de la construcción de un hotel en la ribera de un río: «El proyecto 'X' incumple el artículo 9 del reglamento de protección hídrica por estar a menos de 50 metros de una zona protegida. Además, las emisiones superan el umbral permitido en dos de los cuatro escenarios previstos».

Con esta resolución, la IA rechazaría el proyecto y serían los funcionarios públicos de la Junta quienes decidirían si seguir adelante con el borrador o lo rechazaría por incumplir con la normativa vigente.