La Junta quiere desterrar la idea del 'vuelva usted mañana' de la Administración y para eso ha elaborado una Ley de Simplificación y Agilización Administrativa. Precisamente para la parte de agilización el Gobierno regional se plantea recurrir a las 'entidades colaboradoras', una de las novedades que regulará esta nueva normativa. Por ahora lo que se conoce es el borrador del anteproyecto, que se ha abierto a información pública. El preámbulo de la ley argumenta que esta figura ya la han utilizado otras comunidades y que permite acelerar procedimientos y trámites, recalcando eso sí que no pueden ejercer potestades públicas. 

Las entidades colaboradoras son personas jurídicas, es decir, empresas. Hasta ahora se habían regulado para el ámbito urbanístico, con la idea de que faciliten el trabajo sobre todo a los pequeños municipios. Así se introdujo este mismo año en la Ley de Medidas Administrativas (la tradicional ley de acompañamiento a los presupuestos).

Ahora se amplía el ámbito de actuación. Cuando salga aprobada la ley la Junta podrá confiar en  estas empresas para un abanico de campos. Además de urbanismo, suma gestión forestal, calidad ambiental, economía circular, actividad cinegética, patrimonio cultural, sanidad, servicios sociales, promoción empresarial, trabajo, empleo y formación profesional en el ámbito laboral o turismo, comercio y artesanía. La Junta propone este listado, pero deja la puerta abierta a ampliarlo regulándolo en alguna ley sectorial. 

De hecho, además de dedicar un título a estas entidades colaboradoras de la Ley de Simplificación, el Gobierno regional ya ha incluido varias modificaciones en leyes específicas que indican en qué ámbitos ya están pensando en contar con ellas.

Por ejemplo, se modifica la Ley de Evaluación Ambiental, para que entren las entidades colaboradoras en procedimientos de evaluaciones ambientales estratégicas de planes o programas o bien en las evaluaciones de impacto ambiental de proyectos. También se modifica la Ley de Economía Circular para que puedan colaborar con la Junta en procedimientos relacionados con residuos, suelos contaminados, control de vertidos o ruidos. Otra ley que cambia es la de Patrimonio Cultural, para que estas entidades puedan actuar en la emisión de informes de evaluación de impacto ambiental en aquellas materias que afecten al patrimonio cultural de la región.

Cambio de uso de un BIC con una declaración responsable

La nueva ley incluye cambios en la de Patrimonio Cultural. Para los bienes de interés cultural (BIC) se establece la figura de la declaración responsable para los cambios de uso. Se preserva que se debe garantizar su conservación y valores.

Silencio administrativo positivo si se pasa de plazo

La normativa establece de forma general que si se sobrepasan los plazos establecidos por ley y no hay respuesta de la Administración, se entenderá que será estimatoria. Se adjunta un anexo de procedimientos y plazos. 

Inteligencia artificial en la administración

La Ley de Simplificación regulará el uso que puede hacer la Administración de la Inteligencia Artificial con apartados que recogen cuáles son los derechos de los ciudadanos al respecto y qué garantías jurídicas hay que dar. 

Desarrollo de la plataforma del espacio ciudadano

La ley regula la plataforma del Espacio Ciudadano, a la cual los castellanomanchegos podrán entrar (también formato app para el móvil) para poder consultar sus expedientes, notificaciones y escritos o solicitudes presentadas.