La Policía Nacional, en colaboración con Europol, ha desmantelado dos organizaciones criminales que se dedicaban a regularizar la situación de migrantes asiáticos mediante la falsificación de documentos, llegando a beneficiar a más de 1.000 personas y recaudando alrededor de cinco millones de euros.

La operación ha culminado con la detención de 69 personas, de las cuales 35 habían sido integrantes de otras organizaciones desmanteladas anteriormente. También se han realizado cinco diligencias dentro del registro en las que se han intervenido siete vehículos de alta gama 80.000 euros en efectivo, ocho teléfonos móviles y documentación relacionada con la investigación.

En una primera fase se han detenido a de 35 personas en Toledo (15), Madrid (12), Guadalajara (7) y Palencia (1). La segunda ha contado con 34 detenidos, en Madrid (18), Barcelona (3), Palma de Mallorca (3), Valencia(2), Alicante (1), Tarragona (1), Sevilla (1), Córdoba (1), San Sebastián (1), Coruña (1), Logroño (1) y Toledo (1).

Los detenidos cobraban entre 3.000 y 20.000 euros a cada ciudadano que obtuviera la residencia, dependiendo del mecanismo utilizado para la obtención de su regularización. Además, pagaban entre 500 y 1.000 euros a gestorías y despachos de abogados por cada persona en la que colaborasen a gestionar su documentación conseguir tarjetas de residencia fraudulentas.

Los ciudadanos chinos simulaban viajar a España para emprender un negocio ficticio a fin de obtener visados 'tipo D' --de larga duración--. Una vez aquí, los miembros de la organización les aportaban la documentación falsa, contratos laborales y empadronamientos ficticios.

También enseñaban a sus clientes extranjeros técnicas que seguir en las entrevistas que debían realizar durante el proceso de solicitud de arraigo y hasta gestionaban matrimonios de conveniencia para que fuese más sencillo conseguir la residencia o nacionalidad.

Las dos organizaciones realizaban su actividad criminal de manera independiente, aunque colaboraban de forma esporádica en función de intereses mutuos. Se asentaban en las provincias de Toledo, Madrid y Guadalajara aunque disponían de ramificaciones en otras ciudades de España.