Uno de los mayores problemas que tiene la economía de España es el elevado número de personas incluidas en las listas del desempleo, que nos sitúan en cabeza de la Unión Europea. De hecho, según los últimos datos publicados por el INE del pasado septiembre, la cifra total se situó en 2.575.285 de los que casi 600.000 son personas desocupadas de larga duración, es decir, que llevan más de cuatro años en búsqueda activa sin encontrar una colocación.

Los economistas sostienen que, a pesar de la reforma laboral implementada en España por el Gobierno de Pedro Sánchez, el desempleo de larga duración sigue siendo un problema crónico difícil de solucionar por el modelo productivo y de contratación que tiene el país. 

Según los datos del Observatorio Trimestral del Mercado Laboral del segundo trimestre del año, elaborado por Fedea y BBVA, casi la mitad de los parados en España son de larga duración, y un tercio agota el período máximo del pago de las prestaciones, puesto que no logran encontrar un trabajo.

En este sentido, a partir de los 12 meses se considera que son parados de larga duración y la incidencia de esta modalidad en los últimos años apenas se ha reducido medio punto en el país hasta colocarse en el 41,4% del total y en el 20,5% los que se clasifican dentro del apartado del paro estructural.

Se trata de un dato que es muy similar al registrado en el mismo período de 2023 (41,5%), 7,9 puntos menos que en junio de 2022 (49%), y que tan solo ha descendido cinco puntos porcentuales (46,1%) desde el primer trimestre de pandemia (marzo 2020), lo que pone de manifiesto que se trata de un problema cronificado.

En concreto, la estadística de la eurozona coloca a España, con 585.000 personas que llevan más de cuatro años sin encontrar empleo, en cabeza, junto a Italia, que también tiene más de 500.000 con un paro de muy larga duración.

Los expertos en temas laborales sostienen que este fenómeno, al que denominan la trampa del paro de larga duración, se convierte en un círculo vicioso puesto que cuanto más tiempo pasa una persona fuera del mercado laboral, más difícil le resulta reintegrarse y acceder a nuevas oportunidades.

La trayectoria histórica del propio mercado laboral nacional ha venido descartando desde hace décadas a los mayores de 45 años a la hora de ofrecerles una oportunidad, lo que ha provocado que, a partir de esa edad, se complique su contratación y lo que resulta más denunciable, es que muchas empresas intentan devaluar sus condiciones salariales aprovechando que los jóvenes vienen muy bien preparados en grados y dobles grados, así como de Formación Profesional, con capacidades tecnológicas e idiomas, sin parecer importarles la experiencia y la capacidad de trabajo de los profesionales más mayores. 

Además de constituir un grave problema para la economía española, que debe acudir al rescate de estas personas, con prestaciones como el subsidio de desempleo, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), las ayudas familiares,... el desempleo de larga duración también tiene un impacto significativo en el bienestar de las personas y sus familias con síntomas como la pérdida de autoestima, marginación y el aislamiento, lo que agrava aún más su difícil situación.

Respecto a la protección que encuentran, el período máximo de pago de las prestaciones por desempleo es de dos años y, a partir de ahí, entran los subsidios para personas o familias vulnerables, pero se trata de pagos que solo prolongan la pobreza y la dependencia de las ayudas del Estado.

En números absolutos, las mujeres que llevan paradas más de un año duplican a los hombres. El perfil predominante corresponde a una trabajadora mayor de 45 años, lo que la hace especialmente vulnerable a la discriminación por edad en procesos de selección, sobre todo en aquellos que no están profesionalizados. Este colectivo se enfrenta a mayores dificultades para adaptarse a las exigencias de la digitalización en comparación con perfiles más jóvenes, lo que dificulta su situación en un mercado laboral cada vez más tecnológico.