El Gobierno comienza un nuevo curso con asignaturas suspensas, como permite la LOMLOE, sin que las vacaciones veraniegas hayan servido para mejorar los conocimientos o para sosegar unos ánimos que no han hecho sino alterarse más con la canícula. Ni tan siquiera parece haber existido una corriente subterránea que sirviera para enfriar la caldeada situación, sino que todos los problemas que quedaron sin resolver vuelven, con la sensación de que tampoco en los próximos meses serán resueltos

Para el PP, el único remedio sería la convocatoria de elecciones generales, el fin abrupto de la legislatura, que le ofreciera posibilidades de ocupar La Moncloa. Pero sigue sin resolver un asunto primordial para sus intereses, la relación con Vox, que le exigirá la parte alícuota de poder si es imprescindible para que Feijóo sea presidente del Gobierno. La carambola de que solo necesitara los votos del PNV es otra posibilidad, porque aún está muy verde la posibilidad de que Junts vuelva al redil y se apreste a un nuevo pacto del Majestic.

Pero quien tiene los problemas no es el PP sino el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Al PP le basta con no aflojar la presión sobre las cuestiones pendientes, y, tras quedar en manos del Tribunal Supremo la aplicación de la ley de amnistía, toda su artillería se dirige hacia ese limbo que supone la financiación singular de Cataluña, llamada concierto y cupo por ERC, y que levanta ronchas en todas las comunidades autónomas y dentro de los propios partidos, comenzando por el PSOE y siguiendo por los que integran Sumar. Solo el hecho de que el PP tiene problemas para armar una propuesta de financiación autonómica que complazca a todos sus barones sirve para atenuar la pinza en la que está cogido el Gobierno.  

Sin duda la asignatura pendiente que el Gobierno tendría que aprobar es la de armar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, pero todo indica que se irá a una nueva prórroga, porque los independentistas catalanes venden caro su apoyo y a Sánchez y Montero no les salen las cuentas de las votaciones, y prefieren que sus debilidades se supongan antes que explicitarlas.

En estas circunstancias la legislatura va a tener un rumbo moribundo, sin que se pueda aprobar la ley más importante del año y resulte difícil gobernar hasta por decreto-ley. Y, sin embargo, el Ejecutivo está dispuesto a resistir. El PSOE sabe que sería un suicidio político convocar a las urnas cuando aún sin apagar los ecos de la ley de amnistía se ha incendiado el asunto de la financiación autonómica por la "mutación constitucional" (Núñez Feijóo) que pretende el PSOE, y porque la mayoría de los partidos con los que ha formado el denominado bloque de progreso se encuentran en horas bajísimas y entran en un periodo de introspección para decidir su futuro con co  nclaves de ERC, Junts y Sumar previstos para el otoño. Sin debate presupuestario y con los partidos mirándose el ombligo, el próximo periodo de sesiones será una tierra baldía.

Si a eso se añade las crisis provocadas por la situación y la política migratoria, con un PP escorado hacia la extrema derecha con argumentos impropios de un partido de Estado, y que el mundo judicial anda revuelto, con bloqueos permanentes y actuaciones propias del law fare, que todo el mundo niega pero que están a la vista, el curso comienza con las mismas losas con las que se llegó a las vacaciones y con la esperanza de que la situación económica, al menos, no empeore.