Al término de su primera intervención para explicar el acuerdo del Consejo de ministros por el que el Gobierno ha acordado un gasto adicional de 10.400 millones de euros en materia de seguridad y defensa para cumplir con el objetivo de alcanzar el 2% del PIB en este año, el presidente del Gobierno afirmó que hace unos años no pensó que tendría que hacer este gasto debido al cambio producido en "el mundo de ayer", en el que Rusia no había mostrado su vena imperialista, Estados Unidos no había puesto en cuestión el vínculo trasatlántico, el Sahel no se había convertido en fuente de inestabilidad por el auge del terrorismo yihadista y las latentes amenazas cibernéticas no se habían materializado, y que todo ello ha sido la causa de que las cuestiones de seguridad  y defensa se hayan convertido en una de las principales preocupaciones de los países occidentales que merecen una respuesta adecuada a los nuevos desafíos. 

Pedro Sánchez está convencido de que las empresas españolas tienen capacidad para asumir en lo que queda de año estos fondos que pueden generar hasta cien mil nuevos empleos y aumentará el PIB entre un 0,4% y un 0,7%,y en cuanto a su financiación se realizará sin tocar un euro de la inversión en el Estado de bienestar porque el dinero saldrá de la reorientación de algunas partidas de los fondos Next Generatión, del remanente generado por la buena marcha de la economía y de la utilización de partidas que figuran en  los últimos presupuestos generales aprobados en 2023 que ya no se utilizan, lo que evita que tengan que ser incluidas en unas nuevas cuentas públicas que, además, no se van a presentar este año. El compromiso adquirido por Sánchez es que el plan se desarrollará "sin subir impuestos, sin tocar el estado del bienestar y sin incurrir en un mayor déficit público", cuestiones todas estas que suenan a cuadratura del círculo, cuando no a cuento de la lechera.

A lo que no está dispuesto Pedro Sánchez, y de ahí la explicación sobre las fuentes de financiación del plan es que tenga que ser sometido a votación en el Congreso. El rechazo al incremento del gasto en defensa y seguridad por parte de su principal socio en el Ejecutivo, Sumar, que lo manifestó incluso cuando se producía la intervención del jefe del Ejecutivo, vaticinaba una nueva derrota parlamentaria, por más que Pedro Sánchez se ha preocupado de justificar que el gasto irá sobre todo a mejorar la situación económica de los militares españoles, a aumentar las capacidades de ciberseguridad y solo un 19% a la adquisición de sistemas de armas a los que pretendió dar un carácter disuasorio, que es precisamente el punto del Plan Industrial y Tecnológico para el fortalecimiento de la Seguridad y la Defensa, que más recelo causa en Sumar y que consideran desorbitado. Que el jefe del Ejecutivo haya incidido en que es su Gobierno el que cumple un compromiso anterior de Mariano Rajoy, tampoco animaría al PP a prestarle apoyo parlamentario, máxime cuando en la OTAN ya se habla de que los países comprometan un gasto en defensa superior al 3% del PIB. Al menos se ha comprometido a comparecer en el Congreso para explicar el plan.

Sánchez ha tratado de compaginar los beneficios para la reindustrialización de España con aparecer como un socio fiable y solidario con el resto de los países europeos, y las discrepancias internas las ha tratado de soslayar con una apelación al europeísmo de sus socios de gobierno a los que no ha convencido y que han cargado con dureza contra el proyecto de gasto militar.