El 24 de abril de 2024, Pedro Sánchez dejó en suspenso su cargo como presidente del Gobierno con una carta insólita que anunciaba cinco días de «reflexión» para decidir si merecía la pena continuar en el puesto. Fue una maniobra tan inesperada como desconcertante, que paralizó el país y las instituciones. Se trataba, según argumentó, de un gesto humano ante el sufrimiento causado por las acusaciones judiciales a su esposa, Begoña Gómez. Un año después, es legítimo preguntarse si aquello fue realmente una pausa para pensar o una descarada operación de reposicionamiento político.

Lo que se vendió como una muestra de vulnerabilidad personal acabó funcionando como cierre de filas interno en el PSOE, gesto de resistencia frente a la crítica y, para algunos, una jugada electoral encubierta. Tras esos cinco días, Sánchez anunció su continuidad «con más fuerza si cabe» y lanzó un ambicioso Plan de Acción por la Democracia con 31 medidas para combatir la desinformación y reforzar las instituciones frente a los «pseudomedios» y los «ataques» de la derecha y la ultraderecha. La realidad posterior, sin embargo, ha sido otra. Solo siete de esas medidas se han implementado, muchas están atascadas y otras han quedado directamente descartadas. Ni la oficina de conflictos de interés, ni la regulación de los lobbies, ni el refuerzo del portal de transparencia han tenido el impacto anunciado. La regeneración prometida no ha llegado. Lo que sí ha crecido, en cambio, es el número de frentes judiciales que afectan directa o indirectamente al entorno del presidente. A la investigación abierta contra su mujer se han sumado otras, como la que afecta a su hermano David Sánchez por supuestas irregularidades en la Diputación de Badajoz; la del exministro Ábalos por su implicación en la trama Koldo, o la que salpica al fiscal general del Estado. Pedro Sánchez, lejos de fortalecerse, se ha visto envuelto en un clima de sospecha y judicialización.

Su coalición de gobierno con Sumar no está mejor. Las decisiones unilaterales, los choques ideológicos y el desgaste de una legislatura difícil han acentuado la sensación de agotamiento político. La promesa de un gobierno estable y progresista ha derivado en una fragilidad cada vez más evidente.

Así, un año después de aquella carta, está claro que el país sigue enfrentando los mismos problemas de fondo: polarización, falta de confianza en las instituciones y una política más centrada en la supervivencia que en el servicio ciudadano. No ha habido punto de inflexión alguno, así que todo queda en una página más en su manual de resistencia. Quizá a él le ha merecido la pena, pero al país está claro que no.