En Castilla-La Mancha la cifra de trabajadores y trabajadoras cuyas condiciones están reguladas a través de un convenio colectivo alcanza los 493.369. Esto hace que la tasa de cobertura de dichos convenios se sitúe en la región en el 91,3%, "un porcentaje que en los últimos años ha ido aumentando progresivamente y que pone de manifiesto la importancia de la negociación colectiva en nuestro mercado de trabajo", afirma Isabel Carrascosa, responsable de Empleo y Política Sindical de UGT Castilla-La Mancha.

Las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social señalan que, frente al 91,3% de tasa de cobertura registrada en diciembre de 2023, dos años antes -en diciembre de 2021- era del 89,86%. En este tiempo, el número de personas trabajadoras que se encuentran bajo el paraguas de un convenio ha crecido un 5,3% en Castilla-La Mancha.

UGT Castilla-La Mancha señala que, en cuanto a tasa de cobertura, existe una brecha importante entre hombres y mujeres y es que si entre los primeros es del 95,19%, en mujeres desciende al 86,35%, "algo que -en buena medida- viene motivado por la falta de convenios en el colectivo de empleadas del hogar".

Isabel Carrascosa explica que, de los más de 795.000 trabajadores/as afiliados a la Seguridad Social que hay en Castilla-La Mancha, habría que restar al personal funcionario, autónomos y a otros colectivos como los trabajadores de cooperativas, cuyas condiciones no se regulan por convenio colectivo. Serían unos 540.000 beneficiarios potenciales de esta cobertura.

"La negociación colectiva es un instrumento esencial para la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras; es la herramienta más eficaz que tenemos para cambiar y mejorar las condicionales laborales y, con ello, la vida de las personas. Por ello es tan importante y positiva esta elevada tasa de cobertura de los convenios".

La responsable de Empleo del sindicato en la región recordaba que la negociación colectiva es un derecho fundamental establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un derecho que viene también garantizado en el artículo 37.1 de la Constitución Española, por el cual se protege la gestión adecuada de las relaciones laborales y la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.