Definitivamente, los juzgados de instrucción, al menos el 41 de Madrid del que es titular el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra Begoña Gómez, investigada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, deben tener mucha carga de trabajo que induce a errores, porque no es habitual que en un caso tan mediático y grave como este, al juzgado se le olvide notificar una de las denuncias presentadas contra ella.
Lo que ha ocurrido es una de las anomalías procesales más que acompañan a la investigación de las actividades de Begoña Gómez, comenzando por la admisión a trámite de la querella de Manos Limpias, siguiendo por el revolcón sufrido por el juez a manos de la Audiencia Provincial de Madrid, continuando con el secretismo con el que lleva la causa, que ni la investigada sabe por qué lo está, y porque da la impresión de que el juez lleva a cabo una investigación prospectiva.
Que las actuaciones de Begoña Gómez puedan no ser estéticas no supone que haya cometido un delito, pero se han convertido en un arma arrojadiza contra el presidente del Gobierno que también tuvo una reacción inaudita al conocerse la investigación sobre su esposa. A la espera de que se conozcan hechos concretos constitutivos de delito todo son especulaciones a ver si Sánchez se arruga. No parece que estos hechos vayan a provocar el final de la legislatura. Como es lógico, los medios de comunicación serios no dejan de investigar las actividades de Begoña Gómez, que quizá pueda haber incumplido la obligación de la mujer del César, pero nada de lo que se ha dicho, hasta ahora, tiene trazas de delito.
Volviendo al ámbito judicial, el juez Peinado admitió a trámite, originalmente, la querella de Manos Limpias basándose en una decena de noticias aparecidas en varios medios de comunicación contraviniendo la instrucción del Supremo de que estas 'pruebas' no son suficientes para abrir un proceso, una de las cuales era meridianamente falsa, y las otras hacían referencia a la posible influencia de Begoña Gómez en el rescate de la compañía Air Europa por el Gobierno y que la Audiencia Provincial de Madrid calificó como "conjeturas".
A lo que sí accedió el juzgado, porque no le quedaba más remedio fue a trasladar a la Fiscalía Europea las investigaciones sobre la concesión de ayudas procedentes de fondos europeos a una UTE dirigida por Carlos Barrabés, compañero del máster que impartía en la Universidad Complutense, y para la que firmó una carta de recomendación, como también hicieron el Ayuntamiento de Madrid y otra treintena de organizaciones.
Y para que no quepa dudas sobre las intenciones del juez él mismo escribe en un auto que los hechos que son objeto de investigación "son todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial", con exclusión de los enviados a la Fiscalía Europea, pero incluyendo lo que le ha dicho la Audiencia Provincial que deje de investigar, y haciendo caso omiso del informe de la UCO de la Guardia Civil, absolutamente exculpatorio. En la traslación política del caso, no hay que dejar que las dudas impidan realizar una oposición feroz, a lo que se suma el atropello de un grupo de ultraderechistas vulnerando las medidas de seguridad de los juzgados.