Fernando Andújar tuvo que poner en marcha la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha desde cero. Hace dos años todavía se hallaba incluso comprando las sillas de las oficinas.  «Yo estaba bastante agobiado», confiesa, «vengo de la calle y la lentitud de las cosas de la Administración pública a mí me exaspera». Este abogado hellinero ahora respira más tranquilo. Han ido sacado los primeros informes de fiscalización  de 2021, el año en el que terminó su labor el Tribunal de Cuentas. «Estamos en pleno funcionamiento», asegura. De todas formas quiere que el órgano auditor de Castilla-La Mancha recorte el 'retraso' propio del relevo, pero a la vez se le van sumando nuevos informes que va proponiendo el Tribunal estatal a todas las comunidades, los propios que plantean ellos e incluso encargos que le van llegando. 

Ya han sacado informes sobre la cuenta general, empresas públicas o fundaciones... ¿qué visión general nos dan? ¿cómo de controladas están las cuentas en Castilla-La Mancha?

Las cuentas vienen ya muy controladas porque hay un cuerpo imprescindible, que es el de los interventores. Y ellos ya hacen una fiscalización bastante intensa. No es que se encuentren cosas como para dar un titular de esos que venden. Hay cincuenta y tantas recomendaciones en la cuenta general que son técnicas. No hay ningún escándalo.

«Propuse que no den subvenciones al municipio que no declare» - Foto: Javier PozoNosotros no jugamos al ratón y al gato. Antes de aprobar el informe, hacemos lo que nosotros llamamos 'encuentros sin sorpresas', una reunión con los interventores y los técnicos y les enseñamos lo que hemos hecho, que lo miren y si no están de acuerdo con algo, es el momento de que lo digan y lo expliquen. No se trata de pillar a nadie. Nos pasó con el Sescam, que no entendíamos cómo se podían justificar unas retribuciones, pero nos dieron más documentación y era correcto. 

Creo que la Administración de Castilla-La Mancha está ahora fiscalizada de forma más intensa que cuando lo hacía el Tribunal de Cuentas porque ellos tienen mucho trabajo y cuentan con los funcionarios que cuentan. 

Aparte de esas 'reuniones para que no haya sorpresas' y de la vía oficial de las alegaciones. ¿Hay quien intenta ir por la vía informal y llamar para que no se publique algo?

No me ha llamado nadie. No se atreven. Les mando a freír espárragos.

Esta semana firma un convenio con la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ¿qué cuestiones sospechosas podría hacer saltar la alarma para comunicárselo?

No estamos hablando de delitos. Todo lo que esté en el Código Penal, como la malversación de fondos, la prevaricación, eso iría por la Fiscalía de Castilla-La Mancha. Lo que se vería en este acuerdo es lo que se llama alcance. Voy a poner un ejemplo que leí en una sentencia. En un ayuntamiento a un policía municipal que se quedaba en la oficina y no cobraba por nocturnidad o fines de semana, para compensarlo sacaban la media cuánto perdía y lo disfrazaron de horas extras. Todos los meses figuraba como horas extras la misma cantidad. Eso es una de las cosas que detectaríamos. 

La peculiaridad de esta Fiscalía y del Tribunal de Cuentas es que tiene un tribunal en sí, con su sala de vistas para jugar estos asuntos. Y si ven que, por ejemplo, esas horas estaban mal pagadas, ¿quién devuelve el dinero? No lo devuelve el policía, sino el alcalde de su bolsillo. Esto es muy desconocido. Habrá muchos alcaldes de pueblos que ni cobran un sueldo y se pueden arruinar. 

Los últimos informes corresponden a 2021 y en su comparecencia en las Cortes le recordaron que es un año que queda un poco lejos. ¿Cómo se podrían agilizar esas auditorías?

Si tuviéramos más personal, podríamos ir más deprisa. De todas maneras yo creo que este año para la cuenta general de la Junta podemos pellizcar tres meses. Están con la de 2022, pero lo ideal es que estuvieran con la de 2023, que es con la que están los órganos externos de otras comunidades. 

¿Ese sería el objetivo?¿Estar fiscalizando la de hace dos años?

Claro, porque la del 2024 todavía no la ha entregado la Junta. En las recomendaciones que hacemos, les decimos a la Junta que adelanten la fecha de entrega. También ayudaría tener una acceso directo al programa Tarea de la Junta, que es el programa informático donde está el presupuesto y la contabilidad de los gastos autonómicos, para no tener que hacer el trámite de pedirle por escrito al funcionario de la Intervención General que necesitamos determinados documentos. Técnicamente nos dicen que no es posible en estos momentos por un tema de confidencialidad, pero en Andalucía tenían ese mismo problema y su Cámara de Cuentas ya tiene acceso.

Señala que van justos de personal con una plantilla de 30 personas ¿con cuántas debería contar?

En Andalucía, que es más grande que Castilla-La Mancha, tienen 116 funcionarios. Aquí con 50 o 60 personas, esto funcionaría. Entiendo también que no nos lo den si no pueden. 

Según el último informe de entidades locales, que corresponde a 2022, más de la mitad no rinde sus cuentas a la Cámara para que las fiscalice. Lleva tiempo intentando que lo hagan ¿hay alguna mejora?

Hay una pequeña mejora, pero no la gran mejora. 

¿A los pueblos pequeños les falta que le echen una mano las diputaciones para que presenten las cuentas?

Tradicionalmente las diputaciones han trabajado con ellos, pero el problema no creo que esté ahí.  A cada pueblo, cada ciudad, el Estado les da una especie de ingresos, la participación de los recursos públicos, en función del número de habitantes. Para pagarles esa cantidad, el Estado les exige que les mande el mismo documento que no nos mandan a nosotros y que tampoco se lo mandaban antes al Tribunal de Cuentas.

Estamos preparando unas jornadas provincia por provincia citando a reuniones a los alcaldes e interventores. Les voy a anunciar que la ley permite multar de su bolsillo a los alcaldes. Yo no quería llegar a esa situación, pero es como si yo no hago la Renta; Hacienda me va a multar. Ellos mismos les cobran a los ciudadanos el impuesto de la vivienda, la tasa de basura o del agua.

¿Y ha tenido ocasión de decírselo directamente a algún alcalde de un pueblo grande o de una ciudad?

Sí, alguna vez. No voy a decir nombres. Peo no crea, que por mucho que hables con ellos… Hemos mandado cartas, comunicaciones. Yo he propuesto al Gobierno, y no sé si me harán caso porque es un poco delicado, que al que no declare ante la Cámara de Cuentas no se le paguen las subvenciones. A ver, las de los planes de empleo que las reciban todos, pero otras que sean más prescindibles... Esto que pasaba aquí ocurría también en Galicia. Cambiaron la ley de subvenciones y ahora rinde todo el mundo. 

En su última comparecencia en las Cortes señaló que preferiría que la Cámara de Cuentas recibiera sus presupuestos del Parlamento en lugar de la Junta. Pero si el dinero al final viene del mismo sitio ¿qué diferencia hay?

Es la diferencia de con quién tienes que negociar. Yo para negociar algún incremento del personal tendría que 'pelearme' con el consejero de Hacienda y puede verse paradójico, pues la ley que regula la Cámara de Cuentas dice que es un órgano de las Cortes. Entonces que nos metan ahí y así no tendremos esa situación de que yo estoy fiscalizando a quienes me pagan. Es casi por imagen, pero tampoco tiene tanta importancia.

Las cuentas que han tenido que revisar son las de 2021, todavía con los coletazos de la pandemia ¿eso se nota a la hora de usar la fórmula del contrato de emergencia?

Las cuentas del 2020, el año de la pandemia, las investigó el Tribunal de cuentas. Hay una comisión en el Congreso y el Senado sobre las mascarillas a raíz del caso Koldo. Han llamado a todos los presidentes colegas míos de casi todos los órganos de control externo de las comunidades. A mí no me podían llamar porque no existía la Cámara, pero al Tribunal de Cuentas tampoco le han llamado en relación a las compras de emergencia de Castilla-La Mancha en 2020.

Las compras de emergencia están en la ley, y la fórmula se puede utilizar siempre, con unos requisitos. Con la DANA se está utilizando en la Comunidad Valenciana. El hecho de que sean más rápidos y se acorten los plazos, no significa que puedas cometer un delito. El funcionario que esté detrás tiene que ver que no hay ninguna cosa rara o que el precio no esté desorbitado.

Las noticias de corrupción nunca han dejado de llenar los titulares de los periódicos. Se hacen muchos controles ¿pero qué falla? ¿o por qué lo intentan si al final se les pilla?

Yo no veo riesgo en las malversaciones, que no hay tantas. El sector de más riesgo es el de los contratos, con los corruptores y los corrompidos,  eso de que alguien ofrezca dinero a un político, aunque luego no está en una mesa de contratación, donde quienes deciden son los funcionarios. 

Pero al hacer los pliegos también se puede dejarlo preparado para favorecer a alguna empresa...

Eso también está controlado.

Aparte de analizar cuentas, también están haciendo un informe sobre la digitalización en las aulas ¿qué están auditando?

Estamos terminándolo. Estamos viendo si se han conseguido los objetivos de distribución a todos los destinatarios, a los colegios e institutos, cómo se han hecho los procedimientos de contratación de esas compras, que son de millones de euros. De momento no hemos encontrado nada extraño. 

A la Cámara de Cuentas os pueden hacer encargos de auditoría ¿cuáles os están llegando?

Nos lo piden, pero nos podemos negar. El Gobierno acaba de pedirnos una fiscalización de la Cámara de Comercio de Cuenca y ¿cómo íbamos a decirle que no? Lo haremos. Y el pleno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, los tres partidos, nos han pedido la fiscalización de varios años de su Ayuntamiento. Me decía un funcionario que tengo aquí, que trabajó en la antigua Sindicatura, que a veces los ayuntamientos, cuando había elecciones y ganaba un partido distinto, pedían que se investigara al anterior. Eso es un juego macabro para el que no tenemos medios. Pero como lo de Azuqueca nos lo han pedido los tres partidos lo haremos, pero hemos acotado fechas, no todas las que nos pedían. 

Se avecinan nuevas auditorías sobre vivienda pública o sobre las zonas de bajas emisiones ¿qué van a revisar?

En el caso de las zonas de bajas emisiones, veremos si lo están aplicando en las ciudades a las que les corresponde. En el caso de la vivienda pública, será sobre cómo está gestionando la Junta los fondos que tiene para vivienda pública, si está construyendo, si está dando subvenciones, si está manteniendo el parque de viviendas, que algunas son muy antiguas. 

Hay otros entes autonómicos que están haciendo fiscalizaciones de seguridad informática. Nosotros tenemos esa intención, pero no sé cuándo podremos hacer el primer informe. El jefe de Informática de la Cámara, que es un ingeniero, se está formando en el esquema nacional de seguridad. Ya se le ha dicho que se prepare para ser el asesor del auditor que lleve esos informes. Está entre nuestros objetivos.

¿La inteligencia artificial podría auditar?

Yo creo que la inteligencia artificial va a usarse. Utilizamos un programa para fiscalización que puede detectar fallos. ¿Es inteligencia artificial? A lo mejor ya lo es. He ido a un curso en el que decían que esto no ha hecho nada más que empezar. Aquí no tenemos un programa de inteligencia artificial, no hay un producto específico. Mantenemos reuniones cada seis meses con el Tribunal de Cuentas, con el que tenemos un programa compartido y los técnicos sí nos han dicho que iban a introducir inteligencia artificial en su funcionamiento en el futuro. 

En cuestión de días hemos sabido que Castilla-La Mancha terminó 2024 con un superávit del 0,13% del PIB y una deuda del 29,1% ¿qué nos dicen estos datos de la salud financiera de la región?

Cada economista, que yo no lo soy, te dará una visión del gasto público, de la deuda, del superávit, del déficit, en función de su ideología política o técnica. No es lo mismo que sea de la escuela ultraliberal de la economía norteamericana a que sea un keynesiano europeo que crea en la socialdemocracia. Yo creo que las cuentas de Castilla-La Mancha demuestran que hay un rigor en el gasto bastante adecuado. En las consolidadas ya estamos viendo que en 2021 estaban mejorando los datos respecto a antes de la pandemia. 

El gran problema no es que gaste mal o que se gaste más, el gran problema es que nadie resuelve la financiación autonómica. El Estado no es lo que era antes. Los servicios públicos nos los dan mayoritariamente las comunidades: la educación, sanidad, atención a tercera edad. El Estado tiene la seguridad pública, el ejército, la justicia. Con lo cual, las variables económicas de una comunidad como Castilla-La Mancha no son tanto de mala gestión como de la insuficiencia de recursos.

¿Esas dificultades o tensiones por la infrafinanciación autonómica se notan al ver las cuentas?

No, no es nuestra misión. Pero alguien que analizara profundamente el comportamiento de las cuentas públicas vería evidente que si tienes que endeudarte en un banco es porque no tienes liquidez, una liquidez que sí tendrías si tuvieras una financiación más acorde con el territorio, la población y la distancia. 

La deuda de Castilla-La Mancha puede bajar del 30 al 20% del PIB con la condonación del Estado, pero en el debate político se plantea de qué sirve que la deuda esté en una región o en el Estado ¿dónde está la diferencia?

Nosotros como comunidad autónoma tenemos unas cuentas públicas nuestras, con una serie de indicadores de su salud financiera. Los márgenes autorizados te sirven para tener más recursos en el futuro sin sobrepasar los límites de la regla de gasto. Si reduces deuda en esos porcentajes relativos, la puedes aumentar hasta llegar a lo permitido y tener más financiación. Habrá gente que diga que el gasto es malo, pero el gasto es necesario. Cuando luego nos quejamos de que hay listas de espera en un hospital, a lo mejor es porque no tenemos los recursos que tienen otras comunidades para fichar a un médico. Por ejemplo, a nivel retributivo de los funcionarios de la región, no podemos competir con otras comunidades. En esta Cámara ya se han ido dos informáticos al Ayuntamiento de Madrid porque les ofrecían mayor salario.