Al Gobierno se le están poniendo las cosas muy difíciles. Aldama ha desbaratado sus planes de presentarse como un jefe de gobierno íntegro, se agravan los problemas para el fiscal general del Estado, y se desvela una operación emanada desde Moncloa para desacreditar al novio de Ayuso, Casi nada.

Sánchez cuenta con una capacidad infinita de resistencia, no se rinde ni da su brazo a torcer, y de cara a próximas fechas, guarda una última bala para conseguir desarticular algunas de las operaciones que le pueden provocar disgustos: la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Su presidente, Manuel Marchena, debe dejar la presidencia el día 4 porque expira su mandato, aunque continuará como miembro de la Sala, que lleva asuntos de máxima envergadura política. Es la Sala que condenó por sedición a los independentistas que se convocaron un referéndum ilegal en el 2017, y que actualmente retrasan la aplicación de la amnistía a los amnistiados, por mencionar solo algunos ejemplos. Es la Sala que trata de los asuntos penales que afectan a personas aforadas, un número destacado de ellas hoy en cuestión por comportamiento supuestamente delictivo.

Marchena se ha convertido, junto al resto de los jueces y también de los fiscales adscritos a la Sala Segunda, en un nombre que preocupa al sanchismo, por su integridad y su empeño en imponer la ley ante el poder que intenta maniobrar para salvaguardarse de ella. Para Sánchez, la elección del presidente es un objetivo en el que va a poner todo su empeño, pues será quien juzgue a la mayoría de las personas de su entorno hoy bajo sospecha. Incluido él mismo.

El nombramiento del nuevo presidente o presidenta debe hacerlo el CGPJ, y esa última bala la quiere utilizar el gobierno para colocar a una magistrada que consideran afín a sus intereses. Ana Ferrer, considerada por sus compañeros una profesional de prestigio, está hoy contaminada por ese empeño monclovita para colocarla en la presidencia de la Sala Segunda; tiene un rival importante, también de reconocido prestigio, Andrés Martínez Arrieta, el más veterano de la Sala. A Ferrer se la considera del ala progresista y a Martínez Arrieta del conservador, calificación que incomoda profundamente hoy a jueces y fiscales, obligados a actuar con absoluta independencia.

El gobierno pretende imponer la paridad para imponer a Ferrer, pero la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, en su momento defendió que por encima de la paridad hay que defender la profesionalidad, y así lo ha advertido Perelló a los miembros del Consejo.

En Moncloa no tienen la seguridad de que puedan cumplir con su objetivo. Pero cuanto más se mueven, más se afianza la idea de que pretenden manejar el Supremo a conveniencia, como han hecho en otras instituciones; en los círculos judiciales se acrecienta la denuncia de que no se puede consentir que también pretendan influir en decisiones de máxima relevancia política sobre la que tiene que decidir la Sala Segunda.

Todo un desafío para el CGPJ, que teme que se imponga nuevamente la estrategia del bloqueo.