El ministro Albares sigue empeñado en conseguir la oficialidad del catalán en las instituciones europeas -ahora incluye también el euskera y el gallego, que no se diga- y anuncia que ha dado instrucciones a todos los embajadores para que se muevan en ese sentido. Como si no tuvieran nada mejor que hacer, con la que está cayendo en el mundo…

Albares ha advertido que está dispuesto a ir incluso al Tribunal de Justicia de la UE. Pues que lo haga, a ver cuál es la respuesta. Porque lo que se dice en Luxemburgo es que ni se piensa tomar en consideración el asunto del catalán, entre otras razones, porque una treintena de regiones exigirían lo mismo y la UE y sus instituciones se convertirían en una Babel de infinidad de lenguas que harían imposible la comunicación.

El asunto que Albares considera prioritario no es prueba de la sensibilidad del equipo Sánchez hacia el catalán, sino que los independentistas aprietan. En los acuerdos con el gobierno se les prometió que la UE se abriría a aceptar su lengua, y ya están amenazando con retirar el apoyo a Pedro Sánchez, que podría pasarlo mal para seguir gobernando.

Sánchez suele acceder a las exigencias de los socios a los que pide sus votos en el Congreso, sin tener en cuenta si está en su mano conseguirlo. Lo del catalán en las instituciones europeas es uno de los ejemplos, pero hay más.

La amnistía es el que demuestra más claramente que Sánchez no conoce los límites de su poder. Desde el primer momento que se conocieron las condiciones que presentaron Junts y ERC, hubo profesionales, y probablemente también asesores -son multitud, alguno debió advertirle- que señalaron que Sánchez no podía prometer amnistía, porque son los jueces quienes, aprobada la ley y aceptada por el TC si se presentaba recurso, pueden aplicarla, caso por caso.

Por ignorancia, por desidia, por creerse que la ley es él, como el Rey Sol, Sánchez ha prometido lo que no podía cumplir. Y se encuentra ahora en una situación complicada.

Con más frentes abiertos. Los jueces decidirán si Begoña Gómez ha cometido delito o no, e igual ocurre con su hermano. Y con el Fiscal General, imputado aunque actúa como si no lo estuviera.

Lo prioritario no es que la UE de vía libre al catalán, sino cumplir la ley y la Constitución. Y, hablando de otro asunto, importantisimo asunto, la Constitución dice muy claro que "El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos".

Ya se puede poner las pilas P.S. Se le acaba el plazo. Unos presupuestos prorrogados por segunda vez le atan de pies y manos. A ver si es capaz de contentar a sus socios.