Se lee en la Constitución (Art.134.3) que el Gobierno deberá presentar ante el Congreso los Presupuestos Generales del Estado "al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". Dado que la fecha límite era el 1 de Octubre, el Ejecutivo ha incumplido y se ve abocado a la prórroga de los anteriores. Esta situación, y la tensión que genera la incertidumbre, lleva al Gobierno por boca de algunos de sus ministros -en cabeza la cada vez más agitada titular de Hacienda- a señalar al Partido Popular como responsable de la situación.
En este tema al Gobierno y al PSOE les convendría no equivocarse de enemigo. No es el PP, es Junts, el partido que dirige desde su refugio en Bélgica el prófugo Carles Puigdemont, quien amenaza la estabilidad y la continuidad de la legislatura. Y también ERC el otro partido separatista. Ni que decir tiene que en La Moncloa lo saben y los portavoces socialistas también, pero juegan al despiste. Junts, en constante recordatorio del valor del voto de sus siete diputados, les maltrata y amenaza, pero desde las filas gubernamentales tragan y para cubrir tan degradante servidumbre sus portavoces sobreactúan cargando contra los populares en un intento patético de desviar la cuestión.
Es una estrategia de comunicación pensada para embaucar a los ciudadanos. Núñez Feijóo, el líder de la oposición, está en su papel al rechazar un proyecto de Presupuestos gestado en paralelo con el anuncio de un pacto oscuro entre el PSC y ERC -asumido por el PSOE- del que lo que conocemos lo sabemos por la información que han dado los beneficiarios: el Gobierno de Pedro Sánchez habría asumido un concierto económico singular para que Cataluña abandone el régimen común y la Agencia Tributaria Catalana recaude, gestione, liquide e inspeccione todos los impuestos. Lo más parecido al cupo vasco.
Desde la oposición reclaman al Gobierno que haga público el acuerdo del PSC porque no se puede considerar como tal las cantinflescas explicaciones de la ministra de Hacienda. En éste, como en tantos otros asuntos, vamos mal. Es exigible promover una gestión transparente de los asuntos públicos. En un sistema democrático no son tolerables los acuerdos opacos ni las maniobras diseñadas para embaucar a los ciudadanos. Tratan de embaucarnos, nos toman por tontos.