Dimitir no se lleva. Y mucho menos si se pide por aclamación popular. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido desautorizado recientemente por el presidente del Gobierno, a cuenta de la anulación del contrato de compra de más de quince millones de balas a Israel. Al exjuez de la Audiencia Nacional apenas le quedan ya balas en la recámara para defenderse, pero le da igual. Aquí no dimite nadie y todo se queda en balas de fogueo.
Ni las tres reprobaciones del Congreso y Senado, ni las otras 24 solicitadas, han conseguido moverle del sillón. Es un ejemplo evidente de la 'regeneración' democrática que pregona el gobierno. Un gobierno, por cierto, que obligó a dimitir a su primer ministro de Cultura y Deporte, Máximo Huerta, en junio de 2018, a los siete días de haber sido nombrado, por la adquisición de una vivienda a través de una sociedad mercantil.
Aquella dimisión inducida no tuvo ya continuidad. No se aplicó cuando fue descubierta una actuación casi idéntica del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque. Y otra similar protagonizada por la exministra de Economía, Nadia Calviño. Distinta vara de medir, eso sí, se aplicó con la primera ministra de Sanidad, Carmen Montón, que tuvo que abandonar el ministerio, aunque se la recolocara después como embajadora observadora de España en la OEA. Al fin y al cabo, hizo algo similar a lo que había hecho el presidente del Gobierno con su tesis doctoral, plagiarla, con la ayuda de un amigo.
Desde la salida obligada de Montón, el listón de las dimisiones se puso a un nivel imposible de superar. Se acabaron las dimisiones, aunque haya motivos alarmantes para hacerlas valer. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sigue en su puesto, esquivando todas las balas del mundo. Y José Luis Ábalos se vio obligado a echarse a un lado – después de escándalos, putas y orgías -, aunque mantiene su escaño con un buen sueldo - que le pagamos los contribuyentes – y haciéndose encima la víctima.
Me hace gracia recordar – en medio del apagón histórico que vivimos ayer lunes – la ingenuidad de aquellos que reivindicaban la dimisión como un ejercicio de salud democrática. Es increíble que nadie se vaya a su casa, tras las acusaciones, denuncias y procesos judiciales que demuestran su naturaleza corrupta. Parece una broma que los mismos que derrocaron a un gobierno por los casos de corrupción y ganaron una moción de censura con Ábalos en la tribuna de oradores proclamando la transparencia y la regeneración democrática del nuevo gobierno, se enroquen o defiendan a presuntos delincuentes.
Al exjuez Marlaska nadie puede acusarle de ningún delito, pero sí de no respetar las reglas democráticas de las que tanto presumía durante su etapa al frente de la Audiencia Nacional. El ministerio del Interior ha dejado de ser uno de los más valorados y respetados, para convertirse en un ministerio de dudosa credibilidad, donde priman los enjuagues e intereses políticos sobre la profesionalidad.
Las dimisiones se han disfrazado también de cambios de destino. En las raras excepciones en las que estas se producen, se procede a recolocar debidamente al damnificado. Ya no vale lo del motorista y la carta de agradecimiento por los servicios prestados.
Ahora la carta lleva incluido el premio de un 'puestazo' en la propia Administración o en una empresa presidida por algún amigo de Sánchez.
Dimitir, según el diccionario de la RAE, significa renunciar, despedirse, abandonar, retirarse. Pero, que nadie se lleve a engaño. Aquí ya no se retira nadie.