Cuando un Gobierno está más preocupado en sobrevivir que en gobernar, los que sufren su precariedad son los ciudadanos, sobre todo, los que menos tienen. Y si el Gobierno es un gobierno social-comunista "de progreso", que alardea de sus logros, las cifras no deberían desmentirlo. La hasta hace unos meses vicepresidenta primera del Gobierno y ahora vicepresidenta europea, Teresa Ribera, alardeaba hace pocas semanas de lo bien que va España: "Nadie, ni en la UE ni en Occidente, presenta cifras parecidas que han llegado después de una profunda transformación del modelo productivo, de un esfuerzo colectivo y de una dirección política notable". Si es así, que en algunos casos no lo es - lo de la dirección política "notable" es discutible, pero decir que el modelo productivo ha sufrido una "profunda transformación" es una soberana mentira-, ¿por qué el creciente malestar ciudadano sino la desigualdad elevada y la pobreza de casi una cuarta parte de los españoles desmienten su afirmación?

Se puede decir sin mentir que este Gobierno favorece la desigualdad. Hay algunos datos indiscutibles. Hay mucha gente que, con este gobierno socialista, vive mucho mejor. Los beneficios de las compañías españolas - bancos, energéticas, grupos turísticos, industria de defensa, sobre todo-, se dispararon en 2024 un 20,8 por ciento, con ganancias de 73.000 millones. Los ricos de hace siete años son hoy mucho más ricos y los pobres mucho más pobres. Las clases medias han sido diezmadas por las políticas fiscales sobre salarios y pensiones y por el afán recaudador de este Gobierno, mientras que las subidas del salario mínimo han tenido un efecto poco relevante, salvo el de presionar a las pequeñas y medianas empresas y poner a muchas en riesgo de supervivencia. Los fracasos del Ingreso Mínimo Vital, el fiasco de las tarjetas monedero, del fondo público de pensiones, el olvido de la atención al mundo rural y al sector agrícola y pesquero, el aumento del empleo y del gasto público ineficiente, la aprobación de leyes sin partidas económicas y, por tanto irrelevantes y perjudiciales para los afectados cuyas esperanzas se han visto engañadas, como la de la ELA o la de la salud mental son algunos ejemplos. La temporalidad en el empleo, aunque ha mejorado estadísticamente gracias a la "doble contabilidad" de los fijos discontinuos, que nadie sabe cuántos son porque Trabajo lo esconde sigue siendo muy elevada. Y lo de la vivienda es el timo de la estampita: ni se han construido viviendas de protección oficial casi desde los tiempos del denostado Francisco Franco ni se ponen en el mercado las de la Sareb ni hay medidas para llegar a alquileres baratos y las medidas populistas de topar los precios sólo han conseguido que haya menos oferta y más cara. También en este mercado, un pequeño porcentaje de propietarios se enriquece sin parar mientras que la mayoría o no tiene acceso a la vivienda o ve cómo su pequeña y esforzada inversión para complementar sus ingresos está en riesgo.

Hay muchos más niveles de desigualdad. Si no fuera por los comedores sociales de muchas ONG o de la impagable labor de Caritas, varios millones de españoles no podrían comer ni disponer de una vivienda ni pagar la luz. Y aunque al Gobierno se le llena la boca señalando con razón que la aportación de los inmigrantes está salvando las cotizaciones a la Seguridad Social y cubriendo los empleos más duros, es incapaz de regularizar la situación de medio millón de inmigrantes sin papeles ni de 5.000 de los 5.800 menores hacinados en Canarias a lo que no se tramitan sus papeles por parte de las autoridades autonómicas responsables ni de oficio, que es responsabilidad del Gobierno. Por eso no pueden ser traslados a la península, porque carecen de permiso de residencia, lo que dificulta su inserción y les niega sus derechos.

Son formas de desigualdad practicada, tolerada o ignorada desde un Gobierno "de progreso", del que forman parte imprescindible xenófobos reconocidos, enemigos de la Constitución y de la misma idea de España y grupos de la derecha reaccionaria. Y ahí también se produce cada día el trato desigual a territorios y a ciudadanos a cambio de unos votos que garantizan la supervivencia, aunque sea a costa de despreciar los principios que un día inspiraron al Partido Socialista.