El Consejo Rector de Cooperativas Agroalimentarias celebró en Alcázar de San Juan su reunión ordinaria del mes de marzo y en el seno de la misma se acordó seguir solidarizándose con las diferentes movilizaciones convocadas por las organizaciones agrarias, pero consideran que es el momento de la negociación, de concretar las diferentes medidas que se han trasladado a las diferentes administraciones.

Además acordaron seguir insistiendo a la Administración regional que no es el momento más adecuado para poner en marcha la aplicación del canon medioambiental por el uso del agua, suspendido desde el inicio de la guerra de Ucrania, y cuya reactivación se anunció a primeros del año. Es más, se vota esta semana en las Cortes regionales.

Desde Cooperativas Agroalimentarias argumentan que este canon supondrá para la industria agroalimentaria un nuevo coste de producción que, unido a los ya existentes, mermará la ya débil rentabilidad de estas empresas y, por ende, de los agricultores y ganaderos que forman parte de las cooperativas y sociedades agrarias de transformación. 

En cuanto a las reivindicaciones de las protestas de agricultores y ganaderos, comparten su apoyo al refuerzo de la Ley de Cadena Alimentaria, pero dejan claro que no respaldarán ningún cambio "que no suponga una mejora en el reconocimiento de la singularidad del modelo de empresa cooperativa, recordando que la relación socio-cooperativa no es una relación comercial sino societaria puesto que la cooperativa es propiedad de sus socios, tiene sus propios estatutos, regulación y garantías en la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha".

Igualmente se incidió en que la actual obligación de inscribir los contratos alimentarios a los compradores de productos a las cooperativas les deja en situación de desventaja frente a las ventas que hagan otro tipo de empresas cuyos compradores no están obligadas a ello.

"Pésima política hidrológica"

Por otro lado, el Consejo Rector de la organización va a trasladar nuevamente a la administración regional y estatal su posición en cuanto a la "pésima política hidrológica" que se ha venido desarrollando en estos últimos años y que, en gran medida, es la causante de la falta de rentabilidad y futuro de las explotaciones.

A juicio de su presidente, Ángel Villafranca, "la principal demanda que tiene que hacer el sector agrario y ganadero en estos momentos, es que se garantice el acceso al agua para riego a fin de poder seguir produciendo alimentos suficientes, de calidad y a precio razonable con los que alimentar la sociedad".