Cuando se produce un enfrentamiento entre los miembros de un estamento judicial con posiciones radicalmente distintas es preciso estudiar y explicar cuáles son los motivos jurídicos de las discrepancias. Los extrajudiciales quedan al albur de otro tipo de interpretaciones. Por el momento hay dos escritos, el del fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, que ha informado en contra de la pretensión del juez Manuel García-Castellón de juzgar al prófugo Carles Puigdemont, a la dirigente de ERC, Marta Rovira y al actual diputado de ERC, Ruben Wagensberg -huido a Suiza- por el delito de terrorismo por las acciones de Tsunami Democràtic, y el que ha realizado el fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, cuyo informe en el mismo sentido ha sido rechazado por amplia mayoría por la Junta de fiscales del Supremo. Ahora tendrá que redactarse un nuevo escrito por la jefe de todos, María de los Ángeles Sánchez Conde, que en principio es favorable a las tesis del fiscal de la Audiencia Nacional  

La última palabra sobre lo que se ha de hacer la tendrá la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que preside Manuel Marchena, por cuanto el informe del fiscal no es vinculante, pero tras la decisión de los fiscales de Sala está más cerca que la instrucción del sumario sobre Puigdemont acabe en ese tribunal a que se devuelva a la Audiencia Nacional o que se cierre la causa. Desde luego sería una sorpresa que así sucediera después de las presiones de la derecha judicial y mediática contra la ley de amnistía en las que se incardina la filtración del primer borrador del fiscal Redondo, del segundo informe y de la sospecha de la intervención -negada por ambos-, del fiscal general del Estado, para que se opusiera al traslado de la causa al Supremo. La jerarquía es uno de los principios que informa el trabajo de los fiscales, pero el actual fiscal general, Álvaro García Ortíz, cuenta con la animadversión de la conservadora Asociación de Fiscales, que habría decidido cobrarse de paso alguna cuenta pendiente por sus nombramientos y actitudes sobre la ley de amnistía

La decisión de los fiscales del Supremo suponen una nueva dilación del proceso, y si el Supremo asume el caso la petición de nuevas pruebas, y en su caso de un nuevo suplicatorio al Parlamento Europeo, por la cualidad presente y probablemente futura de eurodiputado de Puigdemont, y si se celebra el juicio queda el recurso a la justicia europea que, según numerosos juristas, es difícil que aprecien el delito de terrorismo en los altercados que se produjeron tras la sentencia del Supremo, en la que los líderes del 'procés' fueron condenados por el delito de sedición y no por el de rebelión que defendieron cuatro de los fiscales que ahora han votado por imputar a Puigdemont el delito de terrorismo.  

Cuando la Mesa del Congreso ha dado de plazo hasta el 21 de febrero para que la Comisión de Justicia negocie de nuevo sobre la Ley de Amnistía, que fue tumbada en  la primera votación en el Congreso con el voto en contra de Junts; cuando el presidente el Gobierno ha propuesto una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que se acorten los plazos de investigación, una maniobra de "contorsionismo judicial" según el PP, que fue quien aprobó esta norma, luego modificada por el gobierno de coalición, que ahora quiere volver a la propuesta del PP, el periplo de la ley de amnistía entra en una nueva fase en la que todo depende de la actitud de Junts, que insiste en que la amnistía no puede dejar fuera a Carles Puigdemont.,