Era previsible. Tras conocer que, gracias a su estrategia de chantaje político, Junts -el partido del prófugo Puigdemont- ha conseguido para Cataluña arrancar del Gobierno la transferencia integral de las competencias en materia de emigración, el lehendakari Íñigo Urkullu no se ha querido quedar atrás y con una expresión, por cierto muy española, ha salido a la palestra a decir: "Oiga, y, ¿qué hay de lo mío?".

Es la forma de reconocer que en el mercado persa en el que Pedro Sánchez basa la continuidad de la recién estrenada legislatura, el PNV -que apoyó su investidura- no está obteniendo los réditos que otros se cobran de manera descarnada. Y humillante si se observa desde la perspectiva del exigible decoro democrático. No tardará Aitor Esteban, su portavoz en el Congreso, en recordarle a Pedro Sánchez que le esperan cuando quiera aprobar los Presupuestos. Solo tienen cinco diputados, pero con siete, solo dos más, Junts está consiguiendo cesiones impensables hace solo unos meses, cuando Sánchez alardeaba de que traería a Puigdemont a España para que fuera juzgado por sus delitos.

Perdió las elecciones pero consiguió amarrar los apoyos que necesitaba para seguir en La Moncloa sin reparar en el oneroso precio político y el desgaste para el Estado que aparejan algunas de las concesiones a los pequeños partidos separatistas.

El control del flujo migratorio -que ha conseguido arrancar Junts- hasta la fecha es tarea reservada al Gobierno por ser competencia exclusiva del Estado. Hay, incluso, una sentencia del Tribunal Constitucional que lo deja claro. Ceder semejante competencia a quienes pretenden segregar Cataluña del resto de España -tienen a sus dirigentes condenados por sedición-, es ayudarles en su empeño de desguace de Estado. Sánchez está yendo demasiado lejos. Lo más inquietante es que salió riendo y diciendo que estaba contento tras la sesión del Senado en la que Puigdemont le había humillado.