El pleno de la Corporación Provincial de Guadalajara aprobó este viernes, con el apoyo de los 24 diputados presentes en la sala, la propuesta de apoyo al sector agrícola y ganadero, presentada a instancias del Grupo Popular el pasado 7 de febrero y complementada con  aportaciones del Grupo Socialista, relacionada con el objetivo de dicha moción.

La diputada provincial del PP, Concha Casado, manifestó en su intervención su satisfacción por haber conseguido un consenso que refleja "la unión de los grupos políticos, por encima de todo, ante un problema que nos afecta a todos".

Y si bien agradeció que desde el Grupo Socialista se pusieran en contacto con ellos para tratar de llegar a un acuerdo, lamentó que a la par se apresuraran a decir ante los medios que era una moción partidista, cuando en ningún momento se hizo crítica ni a gobiernos ni a partidos políticos, apostilló la diputada popular. "Desde el PP buscamos la unión y el consenso en beneficio de nuestros agricultores y ganaderos aunque nos hubiera gustado más lealtad", añadió Casado. 

Lo que no se aceptó en la sesión plenaria fueron las enmienda planteada por el Grupo Provincial Vox, defendidas por José Luis Arcángel, quien, en su intervención insistió en que la Agenda 2030 "no es ninguna biblia", señalando que las manifestaciones de estos días solo muestran la desazón del sector. Su propuesta estaba encaminada a instar a todas las administraciones públicas a la derogación de todas las políticas inspirada en el Pacto Verde Europeo.

Por su parte, desde el Grupo Provincial Socialista se dio también las gracias al PP por su predisposición para llegar a un consenso porque eso "es lo que espera el sector", agradeciendo que haya sido aceptada parcialmente su enmienda. El diputado de Desarrollo Sositeble, Héctor Gregorio Esteban, aseguró que desde la Corporación seguirán apoyando al sector como lo han hecho hasta ahora. 

La moción aprobada este viernes recoge, entre otras cuestiones, el respaldo de la Institución Provincial a las reivindicaciones del sector agrícola y ganadero; la urgencia de que los gobiernos central y regional establezcan las medidas que sean necesarias para garantizar precios justos con los que hacer frente a los elevados costes de producción y exiger a Europa que los productos importados cumplan las mismas condiciones y normativas de producción que las que se requiere para los españoles.

También contempla exigir "forma inmediata", que se flexibilice la Política Agraria Común, de forma que se adecue a la realidad agronómica de las comarcas de esta región, así como solicitar la mejora en la tramitación de los expedientes a través de una simplificación que reduzca la carga burocrática a los profesionales del sector agropecuario, y la supresión del cuaderno digital tanto para agricultores como para ganaderos y revisar la normativa en materia de transporte animal.