Han pasado cinco años desde que el Reino Unido saliese del marco de la Unión Europea. Aquel sonado acontecimiento, tras este lustro, sigue generando debate en territorio británico sobre si la decisión fue provechosa o no para los intereses de esta nación. Lo que parece claro es que, al menos en el plano económico, no lo ha sido para las empresas españolas que operan en el país, que se han encontrado desde entonces trabas para realizar transacciones y para contratar personal de fuera.

Aunque la nación votó a favor de salir de la UE en junio de 2016, los cambios no entraron en vigor hasta enero de 2021, tras el período de transición que se abrió en 2020, con la aplicación del Acuerdo de Comercio y Cooperación (TCA), un tratado que exime de aranceles y cuotas, pero que al introducir controles fronterizos conllevó modificaciones burocráticas y mayores costes variables y fijos para las empresas.

Según un estudio de economistas de la Universidad de Aston (Inglaterra) divulgado en septiembre de 2024, a nivel general el efecto de esta salida sigue siendo «profundo y continuo» en el comercio con la comunidad continental.

El divorcio comercial afectó sobre todo a pequeños negocios, algunos de los cuales dejaron de comerciar con los Veintisiete, si bien la buena adaptación de los grandes hizo que, en conjunto, la caída del comercio fuera inferior al 15% a largo plazo proyectado por la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, que supervisa las finanzas públicas.

Nuevas barreras

En el caso de compañías españolas que importan y exportan hacia y desde esta nación, Miguel Flavián, experto en compraventa exterior de la Cámara de Comercio de España en Londres, explica que han surgido nuevas barreras que han debido abordarse pero que, aún con todos esos obstáculos, este país sigue siendo un buen mercado.

Los escollos están ahí pero las relaciones comerciales entre nuestro país y el Reino Unido están «muy bien establecidas, son muy potentes (...) y, a pesar de las complicaciones, la vida sigue y sigue siendo un mercado muy interesante», sostiene.

Lo que parece innegable es que las trabas burocráticas, económicas y legales ante el nuevo escenario fuera del mercado único han hecho mella sobre todo en pequeñas compañías, cuyas cuentas ya no cuadran.

La leonesa Encina Barragán, dueña de la empresa de importación al Reino Unido de productos nacionales The Ojos Foods, centrada en la distribución a la comunidad musulmana en este país -a quien destinan el 95% de su ventas-, «tilda de catástrofe» la situación actual.

«Antes de que se implementase el Brexit, exportábamos un montón a Francia, a toda Europa online, ahora solo al Reino Unido», lamenta la empresaria.

Barragán recuerda la promesa que hizo el exprimer ministro tory Boris Johnson de introducir un acuerdo «libre y gratuito» y despotrica de los «incrementos en aranceles y los costes añadidos en productos como las anchoas importadas, en concepto solo de despacho de aduanas».

Todo ello ha derivado en la pérdida de proveedores, que no quieren tener que ponerse al día con los certificados, y auditorías requeridas hasta forzar a negocios como el suyo a replantearse pedidos.

Al papeleo actual, se ha sumado un requisito añadido a todos los bienes importados a este país procedentes de la UE, que deberán incluir un nuevo certificado de seguridad y protección.

Situación complicada

Por su parte, Richard Bigg, director y fundador de la cadena de restaurantes españoles en Londres Camino, afirma que, en su momento, el proceso conllevó una «pesadilla».

«Llevar un negocio de restaurante español con muchos menos empleados nacionales -ante el nuevo requerimiento del estatus de asentado para venir a trabajar al país- es una pena. Sería maravilloso contar con más trabajadores (españoles) cara al público», apunta.

La exigencia de un patrocinio por parte de una compañía en el Reino Unido para traer personal de fuera y el requisito de contar con un salario mínimo fijado en 38.700 libras anuales (unos 45.900 euros) mengua las opciones disponibles, observa el propio Bigg. «Los hemos evitado, porque no hay garantía de que (los empleados) vayan a quedarse en el largo plazo», reconoce.

Importar alimentos y bebidas se ha vuelto, también, mucho más complejo y más caro: «Los restaurantes se han visto obligados a incrementar los precios contra su voluntad», concluye.