El juicio contra los ocho activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de  Guadalajara que participaron en una protesta en el interior de una sucursal bancaria de Cabanillas (Guadalajara) para pedir la paralización del desahucio de una familia ya tiene nueva fecha. Se ha fijado para los días 10 y 12 de febrero y las acusadas, que se enfrentan a penas que van desde los 11 meses que pide la Fiscalía hasta los 3 años y medio que pide la entidad bancaria, ya han anunciado que tampoco en esta ocasión acudirán al Juzgado de Instrucción número 1, que es donde se celebrará la vista.

No será la primera vez que lo hagan. Ya lo hicieron en abril de 2023 por considerar desde la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara que no se podía consentir que fuera "vedado al público, incluyendo a los observadores independientes" ya que la jueza quería que fuese a puerta cerrada y previamente se suspendió también por la huelga en Justicia.     

"Objeción de conciencia: #NoNosPresentamos". Esta es su consigna porque, tal y como ha declarado a La Tribuna una de sus portavoces, Ivalú Fuica, la decisión de los ocho activistas (cinco hombres y tres mujeres) de no acudir al juicio es "una manera de resistencia" porque "no creemos que hayamos cometido ningún delito por defender estos derechos". 

Desde la Fiscalía e les acusa de residencia a los agentes y allanamiento de un local público mientras que desde la acusación particular se entiende que también hubo un delito de coacciones y de desórdenes públicos. 

El 26 de marzo de 2021, ocho activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara fueron procesados por el Juzgado de Instrucción número 1 de esta ciudad, a petición del Grupo Caixabank y de la Fiscalía, por haber participado en una protesta en el interior de una sucursal de este banco en el municipio de Cabanillas del Campo. 

En esa protesta, que data del 5 de diciembre de 2017, los activistas exigían a la entidad la paralización del desahucio de una familia, algo a lo que según la PAH, el banco se había comprometido a negociar para buscar una solución habitacional.

Sin embargo, durante esta protesta, los activistas fueron desalojados, detenidos y trasladados a dependencias de la Guardia Civil, aunque a raíz de una concentración de más de un centenar de personas frente al cuartel fueron puestas en libertad.

Hoy, estas personas se enfrentan a una pena de prisión "por el ejercicio de un derecho fundamental", remarca esta portavoz.

"Entendemos que acudir voluntariamente a este tipo de procesos equivale a otorgar legitimidad a los tribunales para someter a examen el ejercicio de derechos fundamentales, algo que de ninguna manera estamos dispuestas a tolerar", afirman desde dicha plataforma.

Y por ello, han anunciado su decisión de no acudir al juicio previsto en el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara y animan a otros represaliados a "perder el miedo" porque "la desobediencia civil no es ningún delito". "No a los juicios políticos", es una de sus consignas. 

Desde PAH consideran que con este proceso se pretende tratar como delincuentes a personas que reivindican un derecho básico como es el derecho a la vivienda y a la acción organizada para reclamar esos derechos, como un grupo criminal.

No confían en la justicia y recuerdan que el recientemente el Tribunal Supremo dictó una sentencia que ratificó la condena de tres años y medio de prisión y multa de 125.000 euros, dictada por el Juzgado Penal número 1 de Xixón y ratificada por la Audiencia Provincial de Asturias, a seis trabajadoras y sindicalistas de la CNT por organizar protestas frente a la pastelería "la Suiza" de Gijón. 

"Las paupérrimas pruebas que la Fiscalía y Caixabank han manejado para formular sus acusaciones, y que en circunstancias normales deberían haber supuesto el archivo de la causa, son sin embargo prueba de cargo suficiente para llevarnos a juicio y dictar una más que probable sentencia condenatoria, porque es evidente que las activistas no coaccionaron a nadie ni había un ánimo "delictivo", apuntan desde la plataforma.

"Creemos que es tarea imperiosa que el conjunto de los movimientos sociales y sindicales incorporemos de una vez por todas, que cuando el Estado activa un proceso judicial contra personas que han participado de una protesta sindical o de un movimiento social, debemos explicar que nos enfrentamos al dueño de la baraja, que lleva cartas marcadas y que además hace trampas", añaden.

"No podemos seguir soportando que nos intenten callar y que cuando luchamos por nuestros derechos, se nos asuste", concluye la portavoz.