Torrecilla reta a varios pueblos del PP a dejar los consorcios

Belén Monge Ranz
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El diputado de Residuos y Bomberos invita a los diputados provinciales y alcaldes de Illana o Pareja a marcharse si creen que las tasas "son un abuso", acusando a la formación 'popular' que representan de querer llevar a la "quiebra" a estos órganos

Rueda de prensa del equipo de Gobierno de Diputación - Foto: Lara Ranz

En el 2024 entrarán en vigor las nuevas tasas para el mantenimiento y prestación de los servicios de tratamiento de residuos urbanos y del servicio contra incendios, que llevaban sin actualizarse desde hacía 10 años.

Una actualización que también responde a la necesidad de adaptarse a las normativas que vienen de Europa y que son cada vez más exigentes y con mayores obligaciones de reciclaje para el bien del planeta.

El equipo de Gobierno de la Diputación ha dado cuenta este lunes de la aprobación de la ordenanza reguladora de las tasas por la prestación del servicio de tratamiento de residuos urbanos de la provincia, unas tasas que también van a repecutir en los ayuntamientos que están adheridos a este servicio a la Institución provincial, un pago que variará en función del tamaño y otras características de los municipios y que contará con la colaboración de la Corporación. 

El Consejo de Gobierno del Consorcio de Residuos aprobada la ordenanza reguladora de tasas el mismo día de la celebración del pleno de presupuestos. Una actualización que ha querido presentar este lunes a los medios el equipo de Gobierno, respondiendo así también a la "campaña de intoxicación" llevada a cabo desde las filas del Grupo Provincial del PP "con la que tratan de generar polémica, manipulando datos, sin proponer ni una sola solución para el sostenimiento de estos servicios, no sabemos si por desconocimiento o por mala fe", ha lamentado Arantxa Pérez Gil, portavoz del equipo de Gobierno.  

La diputada ha explicado en su exposición que las tasas no son impuestos, algo que a su juicio "está mezclando el PP,  con clara intención de confundir y de intoxicar".

Una comparencia en la que también ha tomado la palabra el diputado delegado de ambos consorcios,  Francisco Pérez Torrecilla,  para quien no existe ninguna duda de que el PP de Guadalajara "quiere llevar a la quiebra" a los consorcios dejándolos sin la financiación necesaria para su funcionamiento, refiriéndose así a la campaña informativa arrancada por esta formación, a su juicio una burda, torpe e irresponsable maniobra de desprestigio sobre los servicios provinciales", que es también una "lamentable y peligrosa falta de lealtad" con la institución.

Pérez Torrecilla ha recalcaldo que los municipios son libres de marcharse en cualquier momento de los consorcios, retando a ayuntamientos gobernados por el PP como el de Pareja o Illana a salirse de los consorcios si consideran que estas tasas son un "abuso". "Los  municipios son libres de marcharse si consideran que las tasas que cobran los consorcios son excesivas. y podrán optar por tratar sus residuos con sus propios medios". "Y si saben o han descubierto otra forma de financiar estos servicios, están tardando en presentar sus propuestas", ha remarcado, dirigiéndose a los alcaldes de estos dos pueblos, que son a la par diputados provinciales.

Pérez Torrecilla ha lamentado que la única aportación del PP sea "mucha crítica, palabrería falacia y mucha intoxicación, pero propuestas, ninguna", ha subrayado.  

En el caso del consorcio de residuos ha señalado que  el coste real de la tonelada que se gestiona es de 90 euros pero que lo que la diputación trasladará a los ayuntamientos es de 62,89 euros, es decir, 27,11 euros menos del coste real. 

Según ha detallado, el precio que pagarán los municipios grandes -con más de 20.000 habitantes-, será de 58,46 euros por tonelada; los pueblos de entre 5000 y 20.000 habitantes pagarán 50,90 euros por tonelada; y los más pequeños, los de menos de 5000 habitantes, que son la mayoría, tendrán que pagar 40,90 euros por tonelada, ya que el resto lo asume Diputación.

En el caso del Consorcio de Bomberos, ha abundado en que si bien se aplicará a partir de ahora un cuarto factor que es el de industrialización (mayor cantidad de suelo industrial en uso, más coste), aportando más los que terreno con empresas tengan. En todo caso, ha subrayado que un tercio de las localidades de la provincia (93), pagarán menos.