Representantes de medio centenar de entidades sociales de Madrid, Guadalajara y Toledo realizaron una marcha de protesta el fin de semana en Almoguera para mostrar su oposición a la proliferación de parques fotovoltaicos en la comarca.
Bajo los lemas "No queremos campos de cristal" y "Fotovoltaicas así no", los asistentes visitaron en primer lugar las obras del parque fotovoltaico Canes I, que ha sido aprobado ignorando informes del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que avalan su alto valor medioambiental. Su entorno es usado como área de campeo, reproducción y dispersión de una valiosa población de aves esteparias, en especial la avutarda. Dichos estudios reconocen que se trata de un área de vital importancia para ellas en el centro peninsular, razón por la que la planta fotovoltaica Canes I ha sido denunciada ante la Fiscalía de Medio Ambiente.
Además, se visitaron los parques que están en fase de construcción en el entorno del río Tajo y del embalse de Almoguera, también de gran valor medioambiental y muy próximos al área arqueológica de Recópolis y a la histórica localidad de Zorita de los Canes.
Se pudo comprobar cómo los movimientos de tierra que se ejecutan en la construcción de estas infraestructuras conllevan el decapado del suelo vegetal fértil, destruyendo en algunos puntos más de un metro de suelo. Conviene recordar que el suelo es un sumidero de carbono, hecho que pone en evidencia, que paradójicamente estas acciones van en contra de la lucha contra el cambio climático. Los convocantes instan a que se detengan inmediatamente estos movimientos de tierra y se realicen medidas correctoras para conservar el suelo vegetal.
Las entidades sociales convocantes están llevando a cabo movilizaciones con el fin de dar a conocer a la opinión pública la aprobación desmesurada y desordenada de proyectos fotovoltaicos en estas provincias, que están causando un grave perjuicio medioambiental y social a las comarcas afectadas. Recientemente aprobaron un manifiesto que ha sido presentado ante las autoridades del Ministerio de Transición Ecológica, la Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla-La Mancha.