Ha quedado visto para sentencia después de 16 sesiones el macrojuicio celebrado en la Audiencia Provincial de Guadalajara, en el que se ha juzgado a 27 personas por un fraude de IVA cercano a los 30 millones de euros y por falsedad documental, valiéndose para ello de una trama de empresas pantalla. Una vista en la que las declaraciones de los inspectores de Hacienda y Vigilancia Aduanera han sido muy ilustrativas, concluyendo la misma dando la palabra a los acusados

Así, los principales cabecillas de esta trama, J.G.G y J.C.M.B., directivos y socios de distintas empresas, si han hecho uso de la palabra, no así la la hija del primero, T.G.G, ni la pareja del segundo, S.R.J., que han preferido no declarar. 

En el caso de J.G.G. se ha reiterado en que los números en concepto de defraudación hablan de unos 30 millones de euros, algo que "no cuadra" si se tiene en cuenta que al inicio de las actividades de estas empresas él mismo pasó una de las inspecciones de Hacienda a través de un requerimiento de la Administración Tributaria y no se le había requerido en ningún momento documentación sobre impagos.

"Hoy en día, para funcionar cualquier empresa, es necesario que te avisen de que no has presentado o pagado algo", ha recordado tras apuntar que en su caso "no ha tenido ni tiene firma electrónica en ninguna de las empresas" porque todo se hizo a través de gestores, ha dicho J.G.G. mientras la presidenta de la sala, Isabel Serrano, le ha llamado la atención por hacer uso de la última palabra para volver a reiterar la declaración inicial.

De su lado, J.C.M.B., ha pedido perdón en su declaración porque como  su adicción a la droga le tuvo "unos cuantos años que no sabía si estaba en la tierra o el cielo", ya que su único objetivo en ese tiempo era "conseguir dinero" para el consumo , ha dicho tras incidir en que ya lleva tiempo sin consumir y que ahora ya ha rehecho su vida y tiene un trabajo fijo y estable.

En cuanto a T.G.G. no ha hecho uso de su última palabra como tampoco lo ha hecho S.R.J.

Recordar que la Fiscalía ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales en el caso de los cabecillas de la trama y ha pedido para ellos 18 años y seis meses de cárcel para cada uno ( J.G.G. y J.C.M.B., directivos y socios; T.G.G., hija del primero, y S.R.J., pareja del segundo).

El Ministerio Fiscal solicita para cada uno, cuatro años de cárcel por cada delito fiscal de cada ejercicio (años 2014, 2015, 2016 y 2017 ), multa por el importe defraudado, y 2 años y seis meses por el delito de falsedad documental, basándose en sus peticiones de pena en la evidencia de las declaraciones de los peritos, especialmente a las pruebas periciales de la vigilancia aduanera.

Así, la Fiscalía considera autores de fraude de IVA y de falsedad documental a los administradores de las sociedades instrumentales y a los testaferros, mientras estima como colaboradores a algunos de los empleados que participaron de manera activa en la organización de las tramas, rebajando las penas inicialmente solicitadas en base a pruebas como las aportadas por la Inspección Aduanera.

Para el Ministerio Fiscal ha quedado ilustrado en las pruebas practicadas, que se trata de una modalidad "de fraude en carrusel", en la que se establece un entramado societario de manera que "lo bienes viajan, de manera ficticia, supuestamente, de una sociedad a otras, para evitar que el fisco pueda darse cuenta de que viajan casi siempre del tercer estado miembro al cliente final, sin pasar por dichas empresas".

Al igual, considera acreditado que gracias al impago de los impuestos vendían las mercancías más baratas, lo que a su vez podía provocar que, a medio plazo, se echara del mercado a los "empresarios cumplidores", que debido a esto "ven mermada también su competitividad".

Con respecto al resto de las acusados en esta trama de fraude de IVA, la gran mayoría de ellos han preferido no declarar y quienes lo han hecho, varios de ellos han apuntado no saber nada de esta trama hasta que les detuvieron.

Uno de los testimonios más llamativos ha sido el de uno trabajador que, después de cuatro años en paro, decidió coger este trabajo y, según ha declarado, han sido "los peores años de su vida, llegando a tener días de medicación continua para dormir". También ha declarado que su único patrimonio hoy es un piso embargado. "Deseo que todo esto termine lo antes posible", ha concluido. 

El juicio ha quedado vista para sentencia, agradeciendo el tribunal a todos los letrados que hayan hecho fácil el desarrollo de una macrovista que ha concluido mucho antes de lo inicialmente previsto.