En junio de 2022, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, avanzó que su Gobierno presentaría en julio de ese año un proyecto de ley en favor de las víctimas del terrorismo, con el que «quedaría patente para las próximas generaciones que una cosa es no vivir con rencor y otras cosa la desmemoria».

El 12 de julio de ese mismo año, el Consejo de Gobierno dio luz verde al Anteproyecto de Ley de Reparación y Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo de Castilla-La Mancha. Dos meses después, el Consejo Consultivo de la región emitió su dictamen con algunas consideraciones, ninguna de ellas de relevancia, y, por consiguiente, el Anteproyecto podría elevarse de nuevo alConsejo de Gobierno para su aprobación y, posteriormente, remitirlo a las Cortes regionales para su debate y votación final. 

Pero, ¿qué ocurrió para que la Ley de Reparación y Reconocimiento a las Víctimas de Terrorismo de Castilla-La Mancha no viera la luz? Pues que la legislatura concluyó y todos los proyectos de ley que no son aprobados por el Parlamento autonómico decaen. Pero la norma no está guardada en un cajón durmiendo el sueño de los justos. Fuentes del Gobierno regional explicaron a La Tribuna que «la ley sigue trabajándose y, en estos momentos, está pendiente de ponerla en común con las asociaciones de víctimas». 

Tras esta consulta que el Gobierno pretende hacer en breve, el texto deberá pasar nuevamente por el órgano consultivo, que enviará nuevamente un dictamen al Consejo de Gobierno. El Ejecutivo, finalmente, remitirá el ya proyecto de ley a las Cortes regionales para su aprobación definitiva.

284 víctimas de terrorismo. El Ejecutivo que dirige García-Page se marcó el objetivo de desarrollar una ley propia que reconociera a las 284 víctimas de la barbarie terrorista que el Ministerio del Interior tiene registradas en Castilla-La Mancha. 

La ley prevista en la anterior legislatura establecía la reparación y el reconocimiento de las víctimas y sus familiares, así como asistencia médica, incluyendo atención psicológica, acceso prioritario a los servicios sociales, atención específica en los centros educativos, tales como ayudas para el estudio y servicio de comedor, transporte y adquisición de material escolar. Además, reconocía bonificaciones en el transporte, acceso prioritario a la vivienda y bonificaciones fiscales.

El Gobierno confiaba, por aquel julio de 2022, que la ley quedara aprobada a finales de ese año. Habrá que esperar a ver si la norma acaba llegando a las Cortes regionales esta legislatura. Por lo pronto, el presidente autonómico ya ha anunciado varias iniciativas legislativas que quiere aprobar de aquí a 2027 como la ley de brecha salarial, la ley industrial o la ley de simplificación administrativa, entre otras, por lo que el trabajo parlamentario se está acumulando en demasía.

Vox presenta una proposición de ley. Los que sí han pisado el acelerador en esta materia son los cuatro diputados regionales de Vox, que han presentado una proposición de ley de apoyo y asistencia a las víctimas del terrorismo en la comunidad autónoma, con la que buscan establecer un marco legal sólido para proteger y respaldar a aquellos que han sufrido directa o indirectamente el terrorismo enCastilla-La Mancha. 

No obstante, la proposición de ley no tendrá mucho recorrido, pues la mayoría socialista en la Cámara autonómica frenara la iniciativa para que no llegue a ser debatida en Pleno.