En su afán por deslegitimar al gobierno del Sr. Sánchez, la derecha desacredita la democracia española. No existe un ápice de patriotismo. Eso se queda para consumo interno, para estragar a los ciudadanos con una tensión insoportable de la política. Probablemente no hay otro país – tal vez Polonia – que lleve con tanta insistencia sus miserias cotidianas, sus impotencias políticas a la Unión Europea. Con escasos resultados, desde luego, y sucesivos ridículos judiciales. La Justicia, como otras instituciones antes, está necesitando algunas manitas de europeidad. La forma lastimera de situarse en Europa le sirve a la derecha para presentarse como víctima de la izquierda que usurpa un poder que  les corresponde a ellos por derecho ancestral.
Se debe al PP en el Senado  la consulta a la denominada 'Comisión de Venecia', órgano consultivo del Consejo de Europa. La denominación correcta sería 'Comisión Europea para la democracia por el derecho'. Ante esta institución recurrió el PP – hubo quienes en el PP no lo veían claro - para que emitieran opinión sobre la tramitación del anteproyecto de ley sobre la amnistía que el jueves se aprobó en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. La intención del PP  era obtener un dictamen negativo contra la amnistía  para cerrar el conflicto que se abrió en Cataluña en el año 2017. Por cierto, que esta es la única iniciativa conocida  para tratar ese conflicto. Quienes se oponen, lo hacen con discursos descalificatorios y genéricos, sin plantear otras medidas con las que  se podría normalizar la vida política, social y económica en Cataluña. Y una vez más, como sucede con las iniciativas judiciales que se contrastan con la justicia europea, han errado el tiro. Los cañones se han vuelto contra ellos. En el borrador del dictamen, que se ha filtrado de la Comisión de Venecia,  se considera que las amnistías –  otros países también han utilizado –deben orientarse a conseguir un objetivo legítimo en interés de la comunidad. Entre esos objetivos se encontrarían la unidad nacional y la reconciliación social y política. ¿No es  lo que pretende el proyecto del gobierno?
La derecha española, desde el final truculento del Sr. Aznar, ha recurrido a la deslegitimación del gobierno de turno. Lo hizo con el gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero al que atribuyeron un golpe de Estado oculto, basado en los atentados del 11M. Según la conspiración, organizada tra los atentados, que no fueron de ETA como decía  el Sr. Aznar y urdidores de la trama,  se recurrió a la deslegitimación del  Sr. Zapatero, incluso se sugirió su implicación en el atentado. De aquellos barros proviene la deslegitimación de cualquier gobierno de izquierdas. Tras la moción de censura contra el gobierno del Sr Rajoy, por una sentencia judicial que implicaba al PP en una actuación de corrupción en la sede de la calle Génova, se ha agudizado la deslegitimación reiterada, aunque se hayan celebrado tres elecciones por medio. En esa estrategia hay que inscribir la ofensiva terrible que está promoviendo  la derecha. En el penúltimo intento de desacreditar a Sánchez y, de paso, a la democracia española, el Sr, Feijóo ha pedido a sus colegas de los partidos de derechas europeos que "paren este despropósito." La democracia española debe ser tutelada, tal vez porque, como se decía en los tiempos de la dictadura, los españoles no están preparados para la democracia. Demasiado impulsivos, demasiado apasionados, demasiado inclinados al enfrentamiento, demasiado cerriles. Claro que siempre nos quedan los jueces. La Sra. Gamarra incita a los jueces a que torpedeen y paren la ley de amnistía. Conocen que la mayoría de la judicatura es conservadora. Ninguna alusión a la independencia del poder judicial, que tanto, según repiten, les inquieta.