Al poco tiempo de llegar a la presidencia de su comunidad autónoma, a una dirigente política muy conocida en su época le estalló un grave caso de salud pública que corría el peligro de politizarse pese al evidente interés general que tenía la discreción y el buen hacer en su resolución. En un hospital de la red pública de su competencia se había cometido presuntamente mala praxis médica. Resuelto en el empeño de unir a todas las fuerzas políticas, su consejero de Sanidad contactó con el líder de la oposición explicándole lo ocurrido antes que a nadie. La respuesta que cosechó valdría para el Prestige, para el Tireles y para la Dana: "Me lo has puesto en bandeja. Hagas lo que hagas, te voy a machacar".
Otro presidente, el valenciano, está en un verdadero aprieto por su forma de afrontar la tragedia del pasado otoño en su tierra. El futuro político de Mazón no es digno del más mínimo interés salvo para sus enemigos, lo más probable es que antes o después caiga del poder por lo mal que lo hizo en los momentos clave y después. Pero donde realmente se va a dirimir esta controversia servida en bandeja, como la del hospital, es en el juzgado que examina, sin contaminación politizada ni el habitual encanallamiento, si lo que se hizo mal aquella dramática tarde valenciana puede ser constitutivo de delito, por no haberse impedido muertes que en caso de haber sido correcto el aviso a la población tal vez no se habrían producido. Los jueces no actúan por motivaciones políticas, algo que se intenta hacer creer a la opinión pública cuando investigan a un fiscal, a la esposa o al hermano de alguien.
El siguiente párrafo de este artículo debería emplearse en decir lo mismo del resto de autoridades administrativas e institucionales con alguna responsabilidad en lo que ocurrió. Altos cargos de AEMET, Consejerías, delegada del Gobierno, exministra convenientemente emigrada a Bruselas, y presidente. Pero no. Todo queda en Mazón. El resto de responsabilidades se han quedado diluidas en el escrutinio social y mediático de la tragedia, tan duro con unos y tan blando con otros. Tan blando que en la comunidad limítrofe a la afectada murieron siete personas y nadie cuestiona donde comía y con quién su presidente, a qué hora llegó al centro de emergencias, cuantas llamadas hizo desde su móvil, y a qué hora se lanzaron las alertas. Sencillamente, no tenemos ni idea de cómo se alertó a la población albaceteña, porque eso no parece interesar.
Los países más avanzados y menos maniqueos que el nuestro buscan responsabilidades colectivas, y aprenden de los errores. Aquí esos errores solo valen para abrir cacerías. Cualquier gobierno llevaría ya cuatro meses explorando la necesidad de planes de evacuación en zonas inundables, de protocolizar el sistema de alertas, de emprender campañas de concienciación sobre los riesgos naturales de cada zona geográfica de nuestro país. No aprendemos, preferimos cortar cabezas.