Días muy agitados para el Legislativo, cuya máxima represente, la tercera autoridad del Estado, está sufriendo un acoso sin precedentes. Hasta este martes, opiné que no era procedente pedir sin más, como hizo el Partido Popular, la dimisión de Francina Armengol, a la que se pretende vincular, pienso que no con demasiado fundamento, con el sucio 'caso Koldo'.
No me convencieron, debo decirlo, las explicaciones que finalmente, y tras huir de los medios durante varios días, dio la señora Armengol, que no supo rebatir algunas de las acusaciones en su contra. Pero ello, la patente 'negligencia in vigilando', no significa ánimo de dolo, ni de lucro indebido: pienso que no lo ha habido. Sin embargo, ahora, tras la comparecencia de la presidenta de la Cámara Baja el martes, he cambiado de opinión y pienso que no debe, no puede, seguir ocupando el puesto. ¿Por qué? Pues porque...
Porque lo verdaderamente grave de su comparecencia no fue el hecho de que dejase en el aire algunas dudas sobre su actuación cuando era presidenta balear en el tema de las mascarillas durante la pandemia. Ya digo que el error en la gestión no es automáticamente punible, aunque pueda ser censurable y criticable. Pero lo verdaderamente grave, lo que inhabilita a Francina Armengol para seguir siendo la tercera autoridad protocolaria del Estado y presidenta del Congreso de los Diputados, fue su ruptura, en términos inusualmente duros, con uno de los grupos de la Cámara, por cierto el más numeroso, el Grupo Popular, que sustenta a la principal formación de la oposición.
Armengol, al defenderse atacando tan tajantemente a la oposición, hizo política, se alineó con el Gobierno de manera mucho más inequívoca que en otras ocasiones e imposibilitó el desempeño futuro de sus funciones como figura que mantiene al menos una apariencia de imparcialidad en los trabajos de la Cámara. La presidencia del Congreso de los Diputados, y por tanto el Legislativo, aparece ahora férreamente vinculada al Ejecutivo (bueno, nunca estuvo del todo desvinculada, ni ahora, ni durante los tiempos de su predecesora, ni antes), incapaz de ejercer su papel de moderación de los otros poderes.
A ello hay que añadirle que las funciones del Parlamento son, en estos momentos, especialmente delicadas, merced a la aprobación de una proposición de ley Orgánica de amnistía para los encausados en el 'procés' independentista catalán que va a encender auténticas pasiones en los próximos debates parlamentarios. Y, encima es preciso considerar que el poder judicial va a hacer lo imposible para que lo que se apruebe estos días en la Cámara Baja -ya este mismo jueves la 'ley de amnistía' se aprobará en comisión- no se lleve a la práctica, es decir, que Puigdemont y los otros encausados no puedan gozar de la amnistía.
Tendremos, así, el diseño completo de un paisaje muy complicado. Al que hay que añadir el toque colorista del patente enfrentamiento entre la Cámara Baja y la Cámara Alta, el Senado, donde se torpedeará hasta la extenuación la proposición de ley que le llegue aprobada desde el Congreso. La rivalidad política entre las dos Cámaras del Legislativo, que es algo que nunca previeron los padres de la Constitución, se habrá, así, consumado.
En estas condiciones, se me hace difícil pensar cómo será la regulación de los tiempos legislativos y vigilar el propio orden de las confrontaciones parlamentarias. Francina Armengol ha abierto un frente de guerra contra dos partidos, el Popular y Vox, que ciertamente, de manera equivocada o no, rompieron antes las hostilidades contra ella, porque a la oposición le toca oponerse al Gobierno en lo que cabe. Lo previsible es que ambos grupos no dejarán de hacer sentir a la presidenta de la Cámara su animadversión, mayor aún que la que muestran hacia el Gobierno de Pedro Sánchez.
Mal panorama para el tercer poder del Estado, sobre todo cuando también el segundo, el presidente del Ejecutivo, igualmente está situado en la línea de fuego de las sospechas lanzadas por la oposición y por no pocos medios. Solamente queda ya el primero de los poderes institucionales, la Corona, con su actuación política limitada por la Constitución, como representación de un Estado que, a este paso, está mostrando demasiadas quiebras. Y, para colmo, los aliados del Ejecutivo mantienen una actitud abiertamente hostil a la forma monárquica de ese Estado.
Dígame usted si esta situación se puede mantener sin tomar algunas decisiones enérgicas. La dimisión de la señora Armengol, por ejemplo, y conste que lo digo sintiendo por ella una gran simpatía personal, y la elección de una figura que no pertenezca al partido gobernante para la presidencia de la Cámara Baja. Temo que ni una cosa ni otra se van a hacer realidad a corto plazo. Y la crisis profunda del Estado sigue.
EUROPAPRESS