UGT ha lamentado la senda ascendente que está teniendo este año la mortalidad por accidente de trabajo en la región, pues según los datos hechos públicos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en los ocho primeros meses del año Castilla-La Mancha ha contabilizado 36 personas trabajadoras, tres más que en todo 2023,
"Una cifra preocupante y que nos obliga a preguntarnos qué está pasando", ha indicado la coordinadora de Prevención de Riesgos Laborales de UGT CLM, Irene Ortega, que sostiene que los meses de verano han sido "especialmente sangrantes" en la región, "con demasiados accidentes laborales que se han llevado la vida del trabajador o trabajadora".
Según informa el sindicato, de enero a agosto de 2024 en Castilla-La Mancha se han producido 18.127 accidentes, de los que 17.939 fueron leves, 152 graves y 36 mortales.
Si bien en el cómputo general los siniestros han descendido un 1,5% respecto al mismo periodo de 2023, en las estadísticas referidas a los fallecimientos "hay una evolución muy negativa y es que, si en 2023 se registraron 23 muertes hasta agosto, en 2024 ya llevamos 36".
Por provincias, Ciudad Real es la que ha tenido más muertes, un total de 12; seguida de Toledo, 10; Guadalajara, 7; Albacete, 5; y por último Cuenca, con 2 fallecimientos.
Por ello, desde UGT han urgido a que se adecue la normativa preventiva a la nueva realidad de los puestos de trabajo, al tiempo que el sindicato insiste en la necesidad de negociar un Plan de Choque contra la siniestralidad laboral en la Mesa de Diálogo Social que se encuentra actualmente abierta a nivel nacional.
"Entre las líneas de este plan de choque no pueden faltar la mejora de la gestión de los riesgos psicosociales, debido a que la primera causa de muerte son los infartos y derrames cerebrales, patologías que pueden estar relacionadas con la exposición laboral a este tipo de riesgo".
UGT incide también en la necesidad de poner en marcha la figura del delegado territorial de prevención, para llegar a todas las pequeñas empresas que no cuentan con representación sindical, que son precisamente las que tienen mayores índices de siniestralidad laboral, así como en aumentar recursos humanos y materiales para la Inspección de Trabajo, con el objetivo de potenciar el control del cumplimiento de las normas en materia preventiva.
"Igualmente deberían destinarse mayores recursos para la Fiscalía de Siniestralidad Laboral para reducir los tiempos de resolución de sentencias y para la creación de Juzgados especializados", ha concluído Ortega.