El gobierno quería que el mediador europeo para abordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial fuera la vicepresidenta de la Comisión Vera Jourova, checa, ex comisaria de Justicia; el PP prefería a Didier Reynders, belga, actual comisario de Justicia.

El gobierno quería que las negociaciones entre Félix Bolaños y Esteban González Pons con el mediador se circunscribieran a la renovación del CGPJ, mientras que el PP pretendía que se debatiera también sobre la fórmula para renovar al órgano del que depende la administración de la Justicia.

Reynders será finalmente el mediador, y en las negociaciones se tratará sobre las dos cuestiones, pero eso no significa que el PP haga ganado la batalla. En las reuniones de trabajo europeas el diálogo está muy estructurado. No influyen relaciones personales ni ideología y sobre todo no se "negocia" en el sentido habitual español, con intercambio de cesiones. La norma es que cada interlocutor exponga su opinión, intenten entre ellos encontrar los puntos comunes de acuerdo y, en caso de no hallarlos, será el mediador quien tenga la última palabra después de haber escuchadlo todas las intervenciones. El papel del mediador es por tanto fundamental, estará muy condicionado por la defensa de sus posiciones que hagan los dos representantes españoles. No valen los tiras y aflojas, la capacidad de seducción ni los referentes anteriores.

Las negociaciones se inician la semana que viene y necesariamente deben finalizar en dos meses. En abril Didier Reynders dejará de ser comisario para ocupar la presidencia de la Asamblea del Consejo de Europa -no confundir con el Consejo Europeo- y antes de esa fecha debe llegarse a una decisión sobre el CGPJ. Asunto de la máxima relevancia no solo para recuperar el pleno rendimiento de la Justicia, falta hoy de plazas importantes por cubrir en los tribunales, sino también para tomar medidas decisivas sobre la necesidad de dotarla de más medios. La falta de operatividad de un Consejo en funciones lo ha impedido.

La pregunta clave es si en la mesa negociadora se analizará el problema que envenena hoy la vida política española: la ley de amnistía que promueve el gobierno, y el debate sobre su constitucionalidad.

No forma parte de la agenda negociadora con el mediador, pero es indudable que planeará sobre las reuniones. Porque el CGPJ tendrá que dar opinión en su momento, y además se da por seguro que llegará al Tribunal Europeo de Justicia. La renovación del CGPJ queda vinculado así a ese debate, de la máxima repercusión política e institucional. Reynders no ha opinado ni puede opinar sobre la constitucionalidad de la amnistía, pero sí ha advertido que su Comisaría está muy pendiente de la interpretación que haga la Ley del delito de terrorismo. El Tratado de la UE es implacable ante los delitos de terrorismo y de corrupción.

Ante Reynders, el gobierno y el PP tendrán que esforzarse al máximo para vencer en sus propuestas sobre la renovación del CGPJ … y la ley de Amnistía.