El próximo recibo del agua que los ciudadanos de Guadalajara reciban en sus domicilios añadirá, por primera vez, una cantidad extraordinaria correspondiente al nuevo impuesto aprobado por el Gobierno regional en 2022 en el marco de la nueva Ley de Aguas de Castilla-La Mancha. Según ha denunciado la coordinadora general del PP en Castilla-La Mancha y alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, este nuevo tributo autonómico supondrá un pago extra de 24 euros al año por hogar más un canon variable en función del consumo. Esta cantidad será mucho más elevada en el caso de las empresas y los ayuntamientos, que también estarán obligados a su pago. "Los primeros recibos se van a pasar de forma inmediata porque la primera liquidación es en el mes de julio", ha detallado.
En una comparecencia ofrecida a los medios de comunicación, Ana Guarinos ha reclamado la "derogación inmediata" de este nuevo impuesto por ser "injusto, innecesario y lesivo para las familias y las empresas". "No es ninguna obligación, es una auténtica estafa que se ha inventado Emiliano García-Page para recaudar cerca de 100 millones de euros en la región y por el que los ciudadanos de Guadalajara no vamos a recibir ningún servicio ni contraprestación ni mucho menos ninguna inversión", ha lamentado la alcaldesa capitalina.
Según ha detallado la responsable del PP, la aplicación este impuesto en la ciudad de Guadalajara supondrá una recaudación cercana a los dos millones euros, de los cuales 1,5 millones llegarán de empresas y particulares y el medio millón restante del propio Ayuntamiento en concepto de consumo, riego de parques y jardines, instalaciones deportivas y posibles pérdidas de agua.
A pesar de ser un impuesto de ámbito autonómico, tendrá que ser recaudado por los ayuntamientos, lo que a juicio de Guarinos supone "un ataque sin precedentes a la autonomía municipal". "Lo aprueba el Gobierno de Castilla-La Mancha, pero nos obliga a recaudarlo al Ayuntamiento para, una vez recaudado, devolver el dinero a Castilla-La Mancha, es decir, nos obliga a los ayuntamientos a ser recaudadores", ha criticado duramente la primer edil.
Además, en el caso concreto de la capital, habrá que sumar otro medio millón de euros adicional al año "por esas revisiones de precios a empresas concesionarias como Guadalagua que estaban pendientes de la época del gobierno anterior de Alberto Rojo y que hemos distribuido a razón de medio millón de euros al año". "Se debían 5,5 millones de euros y los hemos distribuidos en 10 años a medio millón por año", ha recordado Ana Guarinos.
"Auténtica estafa"
Asimismo, la también coordinadora general del PP en Castilla-La Mancha ha querido aclarar que este tributo de nueva creación no se trata de "ninguna obligación" ni tiene finalidad medioambiental sino que es "una auténtica estafa que se ha inventado Page" y, por tanto, "un nueva manera de meternos la mano en el bolsillo a los guadalajareños". En este sentido, ha explicado que carece de carácter obligatorio "como intentan hacernos creer" ya que "no lo impone ninguna directiva europea". "Si fuera una imposición de la directiva marco del agua, que se aprobó en 2000, este nuevo impuesto estaría establecido desde hace 25 años y en todas las regiones de España".
Y es que, tal y como ha argumentado Ana Guarinos, esta nueva tasa sólo se ha implantado, hasta el momento, en Castilla-La Mancha y en otras siete comunidades autónomas más. "De hecho, la vecina Madrid no tiene este impuesto que dicen que es obligatorio. Por lo tanto, se cae por su propio preso que es un impuesto condicionado por una directiva europea", ha insistido. Así las cosas, la representante del PP ha asegurado que su finalidad es "exclusivamente recaudatoria" a semejanza de la tasa de basura establecida por el Gobierno central de Pedro Sánchez.
Por último, desde el PP también han querido denunciar que el 2025 "ha arrancado con 12 subidas de impuestos nuevas", la última ligada a la subida del Salario Mínimo Interprofesional. "Por una parte, se incrementa la cantidad que tienen que pagar los empresarios en concepto de cotizaciones fiscales y, por otra, la cantidad a pagar los trabajadores en concepto de Declaración Renta de las Personas Físicas, que antes estaba exento", ha reprochado Guarinos. "El Gobierno de España y el de Castilla-La Mancha están empeñados en seguir asfixiando a empresas y familias y seguir hipotecando el futuro de los españoles con una presión fiscal insostenible que cada año es mayor", ha concluido.