El precio de la dignidad del Gobierno son seis millones de euros, los que costaban los quince millones de balas compradas a una empresa militar israelí para la Guardia Civil. Es el precio también de no quedar como un Ejecutivo hipócrita y sin credibilidad y de frenar una crisis de gobierno, que los dos partidos que lo componen se habían encargado de señalar que no llegaría a la ruptura de la coalición. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho una evaluación sobre lo que le salía más caro, revocar el contrato firmado y en el peor de los casos pagar el importe de la munición, o afrontar la contradicción de haber sido el adalid de la defensa de los intereses palestinos en la UE y de comprar armamento a una de las empresas que fabrican las armas con las que se perpetra el genocidio en la Franja de Gaza. Sánchez ha considerado que mantener una promesa siempre será menos oneroso que dar marcha atrás en un error, aunque eso suponga cambiar el sentido de la crisis política en el seno del Gobierno que ahora pasa a ser un problema en el seno de la parte socialista del Gobierno con la desautorización del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Si la comunidad internacional ha sido incapaz de establecer un régimen de sanciones a Israel por su desmesurada respuesta a los atentados del 7 de octubre pasado, con más de cincuenta mil gazatíes muertos, la responsabilidad del Gobierno era la de cumplir con su promesa de suprimir el comercio de armas -importación y exportación- con Israel y de denegar el acceso de transportes con armas destinadas a ese país. Y por supuesto, el siguiente paso es anular las licitaciones pendientes de contratos de armas en marcha con empresas israelíes.
La potencia de la industria militar israelí es incuestionable y quizá sea difícil remplazar esas compras previstas o que salgan más caras, pero el paso en falso del Gobierno solo puede responder a una sensación de impunidad del Gobierno y que al albur del Viernes Santo los contratos con Israel podrían pasar desapercibidos, algo realmente impensable en un mundo de tiburones. O en el peor de los casos a pensar que la ciudadanía está adormecida y daría por bueno el incumplimiento en un asunto en el que se muestra más propalestina que proisraelí, más incluso que los líderes de los partidos conservadores. 

La presión de los partidos de Sumar, en especial de IU, que había demandado con más firmeza la rectificación de Pedro Sánchez y amenazado con la salida del Gobierno, aunque lo hizo con la boca pequeña, ha tenido su efecto. La coalición liderada por Yolanda Díaz y otros socios parlamentarios del Gobierno -no todos- habían acabado por asumir a su manera el incremento del gasto militar en 10.400 millones de euros, pero las relaciones comerciales sobre armamento con Israel era una agresión demasiado evidente como para no demandar una respuesta contundente. Ahora bien, si se habla de la hipocresía del Gobierno, lo mismo puede afirmarse de Sumar, y si la parte socialista no deja de vulnerar los acuerdos firmados y las contradicciones internas comienzan a ser insuperables, su obligación es salir del Ejecutivo, y asumir las consecuencias. Eso o repensar su política de defensa para la que ya no sirven los eslóganes de hace unas décadas.