No se dejen engañar: nadie es más igual o desigual por posicionarse contra una ley de amnistía o contra un modelo inespecífico de financiación de las Comunidades Autónomas. Es una maniobra de leguleyos, demagogos o vendedores  de bálsamos de Fierabrás. La creación artificial de una impostura  para zancadillear un proyecto político. La Geografía, la Historia y la Economía tienen sus responsabilidades en asuntos de desigualdades. Y, por supuesto, la Política. Los antepasados de quienes ahora viven en los pueblos del Centro de la Península o de Andalucía fueron ricos hasta que la economía agraria dejó de funcionar y se pasó a la economía, primero, del comercio y, después, de la industria. En estos movimientos tectónicos se produjeron desigualdades que aún no han sido superadas. Si ustedes viven en Castilla-la Mancha, en Extremadura, Andalucía o Castilla y León busquen las desigualdades en las condiciones geográficas y en los siglos de  historia que dejaron estas herencias. De territorios ricos, unos pasaron a pobres, sus tierras se transformaron en lugares de caza para las élites de las nuevas economías industriales, comerciales y, últimamente, financieras y sus gentes tuvieron que emigrar en masa. Ni una amnistía  o una revisión de la financiación de las Comunidades Autónomas,  - urgente  su  actualización - van a generar mayores desigualdades por ellas mismas de las que existen. Aunque puedan aumentar por incapacidades de gestión.
La Constitución de 1978, en el título octavo, estableció dos vías para el acceso a la Autonomía y al Autogobierno. Unas más rápidas, otras más lentas. Una desigualdad de acceso que se explica en función de la historia del país, de las prevenciones de los legisladores y de las dudas de algunas de las Comunidades actuales. Sin embargo esa doble vía de acceso al Autogobierno se fue homogenizando por decisiones diferentes. Los territorios, nuevos o históricos, constituidos en Comunidades, tendrían acceso al Autogobierno casi al unísono. Un mecanismo  inédito en la historia de España para avanzar en la superación de desigualdades tradicionales y de diversa índole. La  descentralización del Estado propiciaba la creación de una unidad territorial superior a las provincias, consideradas estructuras residuales. Así nacerían Comunidades como  Castilla-la Mancha y otras. En nuestro caso, por la unión de cinco provincias desiguales entre ellas. La Constitución concebía el Autogobierno  como el uso de diversos instrumentos  de gestión para acometer  procesos de transformación y reducción de desigualdades de origen.
 De la reorganización descentralizada, prevista en la Constitución,  han pasado más de cuarenta años, los territorios se han consolidado –unos más que otros - y las desigualdades no se han reducido. Tal vez por falta de recursos. Tal vez porque las desigualdades pasadas se remontan a siglos y los siglos no se superan en años. Tal vez por las carencias de gestión de los gobiernos autónomos. Tal vez porque los territorios avanzados pueden crecer a mayor velocidad al partir de suelos más altos que los demás. Lo cierto es que existen regiones ricas y regiones  pobres. Todas con idénticas competencias. Sin embargo, las desigualdades  permanecen. Es probable que haya llegado el momento de valorar la gestión de los  gobiernos que las Comunidades han tenido y saber  si han servido para los objetivos pretendidos por la Constitución o para objetivos ajenos a ella y al buen gobierno. Pero, más allá de esto, ahora, con nuevas propuestas de financiación de las Comunidades Autónomas, se dispone de otra oportunidad  para reducir  distancias entre unos territorios y otros. Para conseguirlo se necesitan acuerdos nacionales, consensos interterritoriales, recursos de ambas partes, y no solo de un lado, y  suplementos extraordinarios para superar  diferencias. Lo que no sea eso, será otra cosa, que no servirá para reducir las desigualdades entre unos territorios y otros. Y  esto bien se podría entender como un modelo federal.